“En pleno siglo XXI, Aragón no cuenta con un marco normativo autonómico que reconozca el principio de igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos”, lamenta nuestra portavoz parlamentaria en las Cortes, Patricia Luquin, para explicar que la aprobación de la ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en la Comunidad significará, además, el cumplimiento por parte del Gobierno aragonés de uno de los compromisos adquiridos y que está recogido en las 35 medidas con las que condicionamos nuestro apoyo a la investidura de Javier Lambán.
Para Luquin, “los datos sobre violencia machista, la brecha salarial, la pobreza y el paro femenino, etcétera, reflejan la necesidad de contar con mecanismos, con una herramienta que garantice, de verdad, que las mujeres tienen los mismos derechos y oportunidades que los hombres”.
Para el desarrollo de esta ley y garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, proponemos que Gobierno de Aragón cuente con una Dirección General de Igualdad de Género, inexistente hasta el momento. Y, además, demandamos la creación de una oficina pública de denuncias ciudadanas de incidencias sobre maltrato institucional que resuelva, y con competencias, para incidir sobre aquellos aspectos que dificulten la puesta en marcha de esta ley.
El proyecto de ley incluye la creación de Unidades de Igualdad de Género en todas los Departamentos y Organismos autónomos, con el fin de impulsar, coordinar e implementar la perspectiva de género en la planificación, gestión y evaluación en sus respectivas políticas. A esta propuesta, le añadimos que uno de los requisitos de estas unidades sea que sean “agentes de igualdad”.
Además, enmendamos esta ley para que se elabore un Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación y que éste cuente con recursos y presupuestos suficientes, “porque las estrategias de concienciación han impulsarse desde edades muy tempranas, especialmente en el ámbito educativo”, señala Luquin.
También en el ámbito educativo, proponemos que “la administración educativa aragonesa pondrá en marcha una oficina para la denuncia del machismo en el ámbito educativo no universitario, cuyas competencias serán el asesoramiento a víctimas de actuaciones machistas y la puesta en marcha investigación de casos que así lo precisen. Para tales funciones se dotará del personal especialista suficiente, destinado específicamente a este cometido”.
En cuanto al tráfico y explotación sexual, demandamos con sus enmiendas que ningún medio de comunicación, ni acto público financiado o apoyado por la Administración Autonómica pueda publicitar empresas y/o espacios que tengan relación con la prostitución y comercio sexual.
En relación con los medios de comunicación, es necesario que éstos se comprometen a introducir una imagen gráfica y mensajes comunes para manifestar la total condena a la violencia machista y sensibilizar a la ciudadanía para actuar de todas las maneras posibles contra estos crímenes; a difundir ampliamente todas las acciones de repulsa ciudadana que se lleven a cabo como respuesta del asesinato; y a adoptar recomendaciones como evitar el sensacionalismo, huir de los estereotipos de marginalidad o respetar la dignidad de la víctima, entre otras buenas prácticas. Una reivindicación recogida en sus enmiendas. En este sentido, la diputada explica que esta enmienda es necesaria “para incluir el cumplimiento que todos los medios comunicación aragoneses acordaron de suscribirse al protocolo de buenas prácticas ‘Tratamiento de la Información sobre Violencia Machista en los Medios de Comunicación’, cuyo objetivo es abordar la información sobre la violencia machista con sensibilidad y eliminar todos aquellos elementos de distorsión que puedan apartar la atención de la opinión pública de la raíz de este problema social”.
Las 53 enmiendas presentadas ahondan en el carácter transversal del proyecto de ley y propone desarrollar medidas específicas para transversalizar el enfoque de género y modificar la “normalidad masculina”. También promueve el apoyo las Administraciones para que se implementen cláusulas sociales de género en los pliegos de contratación pública y que sea la formación en enfoque de género uno de los objetos de las ayudas y subvenciones públicas.
Ley del Voluntariado
Por otra parte, hemos registrado 18 enmiendas al Proyecto de Ley de Voluntariado de Aragón, una norma que sustituirá a la Ley de Voluntariado Social de 1992 y que tiene como objetivo adaptar la norma autonómica a la estatal que se probó en 2015 y a las necesidades del voluntariado del siglo XXI.
Entre las propuestas destacamos la enmienda que incide en que la acción voluntaria en ningún caso podrá sustituir a las Administraciones Públicas ni a entidades contratadas, concertadas o subvencionadas por estas para el desempeño de actividades o funciones que deban ser desarrolladas mediante una contratación laboral. También reivindica que la acción voluntaria no puedan quedar incorporadas las empresas, administraciones y universidad y reclama que se suprima del proyecto de ley el establecimiento de un sistema de recompensas, bonificaciones o gratificaciones porque rompe con el elemento esencial que define el sentido del voluntariado.