Este jueves 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de las Violencias hacia las mujeres, presentamos en el Pleno de las Cortes una proposición no de ley para la prevención y erradicación de la violencia sexual contra las mujeres. La violencia contra las mujeres es estructural y se ejerce de muchas maneras siendo la sexual una violencia que atenta contra la integridad de las mujeres y tiene muchas formas, yendo desde el acoso callejero a la explotación sexual, pasando por el acoso y el abuso sexual.
En el contexto actual de la pandemia, el confinamiento puso de manifiesto las condiciones en las que se encuentran las mujeres en situación de prostitución, entre ellas, las víctimas de explotación sexual. “Esto ocurrió, no porque no se sepa dónde están, sino porque no se aborda lo que ocurre bajo el paraguas de la prostitución y aún tardaremos en conocer los resultados del macro estudio que ha encargado el ministerio sobre la situación de la prostitución y la explotación sexual en nuestro país que puede visibilizar esta cuestión”, explica nuestro Coordinador y portavoz parlamentario, Álvaro Sanz.
En Aragón existe el protocolo de Detección, Identificación, Asistencia y Protección a las Víctimas de Trata con fines de Explotación Sexual desde el año 2017, sin embargo, Sanz advierte que no ha habido un “salto cualitativo” con su aplicación por lo que cree necesario evaluarlo y proponer medidas que lo hagan mucho más efectivo. En este sentido, el diputado considera que es una oportunidad hacerlo en el marco del nuevo Plan estratégico para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en Aragón que se está elaborando. Por este motivo, planteamos en nuestra proposición no de ley instar al Ejecutivo a evaluar la aplicación del protocolo para incorporar en este nuevo plan estratégico medidas concretas que mejoren su aplicación.
Por otra parte, hacemos hincapié en que las víctimas de explotación sexual se enfrentan a multitud de dificultades que les hacen “realmente difícil” salir de su situación. Al contexto de violencia estructural, que somete a las mujeres a la desigualdad y a la opresión, se le añade la falta de recursos efectivos de protección y apoyo y la falta de derechos para muchas de estas mujeres, migrantes en situación administrativa irregular. “Son víctimas institucionales de una Ley de Extranjería que perpetúa su situación administrativa irregular y que se combina con una serie de reglamentos y prácticas burocráticas que las excluye de facto del acceso a sus derechos”, denuncia Sanz quien explica que de esta situación emana el segundo punto de la iniciativa que defenderá en Pleno y en la que se propone estudiar el procedimiento administrativo que les permita acceder con carácter inmediato a las ayudas reconocidas a las mujeres víctimas de trata o de explotación sexual que se encuentren en situación irregular.
La prostitución es un negocio millonario que se sustenta en la “feminización” de la pobreza, la “vulnerabilidad” de muchas mujeres y en la creciente demanda masculina de cuerpos de mujeres “para su consumo”. “Mujeres migrantes sin derechos para quienes la regulación no es una solución”, señala Sanz que reitera la urgente necesidad de establecer una batería de medidas integrales que sostengan a las víctimas. Por esta razón y porque se aprobó nuestra enmienda en este sentido en los presupuestos de 2021, reclamamos en la PNL formalizar los conciertos o convenios con las entidades especializadas en la atención a las mujeres en situación de prostitución que posibilite ampliar la alternativa habitacional a quienes quieran salir de la situación de prostitución antes de finalizar el año. “Esto permitiría actuaciones estables desde las entidades que trabajan en el día a día”, explica.
Según hemos tenido conocimiento, en Aragón se está realizando un estudio sobre la situación de la trata y la explotación sexual en la Comunidad. Cabe destacar que la realidad no es similar en todo el territorio y creemos que en ciertas zonas requerirá de planes concretos para dar una respuesta adecuada a ella. Por ello, instamos al Ejecutivo a diseñar, conforme a este estudio, planes concretos en las entidades locales con mayor riesgo de trata y explotación sexual y que responda a las necesidades de la población a atender.
Por otro lado, la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer publicada por el Ministerio de Igualdad constata el impacto estadístico de la violencia sexual y cómo los estigmas y estereotipos son aún la norma. Solo el 8% de las mujeres que sufren agresiones sexuales fuera de la pareja acude a los juzgados, la Policía o la Guardia Civil. La mayoría de agresores —un 99,6%— son hombres y un 60% de la violencia sexual es cometida por conocidos, amigos o familiares, pero al hablar de violación, el porcentaje sube al 80%. Asimismo, según esta encuesta, el 40,3% de quienes sufrieron violencia sexual y el 20,6% de las mujeres que fueron violadas no denunciaron por vergüenza, algo que se acentúa cuando el agresor es conocido, ya que la violencia sexual sigue estigmatizando a las mujeres.
“La consecuencia de no denunciar –continua- no solo es que muchas mujeres no recurran a la justicia, sino que tampoco acceden a los recursos disponibles en busca de algún tipo de ayuda. Algo que probablemente se acentuara en núcleos o entornos donde todo el mundo se conoce”. Esta realidad motiva otros puntos de la iniciativa en la que reclamamos incrementar la cuantía de los convenios comarcales para mejorar la estructura de la atención y prevención de las violencias machistas en todo el territorio y asegurar la presencia de espacios seguros en todo el territorio que posibiliten a las mujeres encontrar ayuda y evitar la revictimización.
Por último, exigimos al cuatripartito instaurar una figura similar a la del Delegado Territorial de prevención para que pueda ejercer labores de apoyo, sensibilización y actuación para erradicar el acoso sexual en el entorno laboral, en aquellas empresas que por su dimensión no cuentan con representación sindical y por tanto, no tienen obligación de tener un plan de igualdad, o en aquellas cuyos convenios carecen de un protocolo de prevención y actuación ante el acoso sexual.