El grupo parlamentario de IU Aragón demandará mañana en el Pleno que las Cortes insten al Gobierno autonómico a poner en marcha en un plazo de 6 meses en el Departamento de Industria e Innovación un proyecto piloto de migración de software privativo a software libre. Para ello, Izquierda Unida propone que se instalen en los equipos informáticos dependientes de dicho Departamento el paquete ofimático LibreOffice y se adecuen las aplicaciones y programas que se utilizan a este software, desarrollando al mismo tiempo un proyecto de formación del personal de Industria e Innovación para la utilización de las nuevas herramientas ofimáticas.

El diputado de IU, Luis Ángel Romero, explica que, una vez concluido el proyecto piloto en el citado Departamento y evaluados los resultados, “nuestra iniciativa reclama que se extienda esta actuación al resto de Departamentos del Gobierno de Aragón en el marco de esta Legislatura”.

El grupo parlamentario de IU Aragón ha argumentado esta Proposición no de Ley en los artículos 4, 45 y 46 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. Cabe recodar que, tanto en la Administración General del Estado como en diversas administraciones autonómicas y aun locales, entre las que destaca el Ayuntamiento de Zaragoza, se han ido desarrollando poco a poco diversas tentativas relacionadas con el software libre. En la inmensa mayoría de los casos, los esfuerzos se han visto coronados por el éxito.

“En cualquier caso, -señala Romero- el software libre no es ya un argumento puramente político, sino que responde, además, a razones de índole empresarial y económica, contribuyendo a la formación de profesionales en nuevas tecnologías y al desarrollo de empresas locales de innovación tecnológica”. En ese sentido, el diputado recuerda que “el 95% del software en España es privativo, por lo que el debate, tal y como plantea el director del CENATIC (Centro Nacional de Referencia de la Aplicación de las TIC basadas en fuentes abiertas), es si queremos pagar las licencias o contribuir al desarrollo local”.

En definitiva, y como ponen de manifiesto diversos trabajos e informes, “el uso del software libre tiene, para las Administraciones Públicas, muchísimas ventajas, siendo las principales las relativas al ahorro económico, tanto por evitarse los costes de licencias como por un mejor aprovechamiento de las economías de escala y la reutilización de código, la optimización del gasto público y el fomento de la industria local y de la innovación  tecnológica”, asegura Romero, quien concluye diciendo que a todo ello hay que añadir “el hecho de favorecer la interoperabilidad y la cooperación interadministrativa, elementos claves en la construcción de la Administración electrónica”.