El 24,2% de los municipios aragoneses están incluidos en la categoría de Zona Vulnerable del informe cuatrienal de aguas contaminadas o en riesgo de contaminación por nitratos de origen agrario que publica la Confederación hidrográfica del Ebro (CHE) para el periodo 2016 a 2019. Esta contaminación de las aguas está relacionada, en su mayoría, como consecuencia de los purines usados como fertilizantes y por otros impactos de la actividad del sector del porcino.
Aragón se ha convertido en la primera productora de porcino en España con el 26% del total, habiendo experimentado el mayor crecimiento del estado en este sector, llegando a representar el 3,5% del PIB aragonés.
Aunque reconocemos la importancia social y económica de este sector, vamos a trasladar a las Cortes de Aragón una iniciativa para mejorar la sostenibilidad de las explotaciones ganaderas con medidas para el control de la gestión de los estiércoles y purines así como para delimitar las condiciones para el desarrollo territorial y ambiental de esta actividad tan importante para esta comunidad. Unas propuestas incluidas en una Proposición no de Ley que se debatirá mañana martes en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del parlamento aragonés.
En cuanto a la normativa, en Aragón, el Decreto 94/2009 aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas y fija las reglas de las materias que deben cumplir las explotaciones ganaderas en relación a la gestión de estiércoles. Además, la Ley de Aguas y Ríos de Aragón incluye entre los objetivos ambientales la reducción progresiva de la contaminación procedente de los vertidos o usos que perjudiquen la calidad de las aguas, evitando que los nitratos de origen agrario contaminen las aguas y promoviendo las buenas prácticas agrarias.
Sin embargo, el citado informe de la CHE ha detectado 96 masas de agua de toda la cuenca (61 de agua subterráneas y 35 de agua superficiales, de las que 27 subterráneas y 14 superficiales afectadas están en Aragón) con una concentración de nitratos superior a 50 miligramos por litro (nivel rojo), entre cuyas causas destaca la “aplicación excesiva o inadecuada de fertilizantes nitrogenados, y pone sobre aviso de que la contaminación de los ríos de la cuenca se ha duplicado con respecto al periodo de análisis anterior”.
Además de los datos recogidos en el informe, municipios de las tres provincias aragonesas como Huesa del Común, Moneva, Letux, Belchite o Lierta, tienen serios problemas o incluso llevan años sin poder utilizar el agua del grifo debido a la gran cantidad de purines que generan las explotaciones. Para nuestro Coordinador y portavoz en las Cortes, Álvaro Sanz, “la sostenibilidad de cualquier actividad económica en debe estar garantizada antes de su puesta en marcha”. En su opinión, “el modelo de uberización del campo está provocando estos graves problemas de carácter medioambiental que, a día de hoy, no pueden ser resueltos con la normativa vigente, ni con los escasos mecanismos de control establecidos por la Administración”.
Ante la sobredimensión del sector, las dificultades técnicas y económicas para evitar sus efectos nocivos sobre la salud y medioambiente, y su difícil coexistencia con tejidos económicos más sostenibles, proponemos en nuestra iniciativa parlamentaria que el Gobierno de Aragón elabore una directriz específica de ordenación territorial que unifique los criterios legales vigentes y planifique la implantación espacial del sector de la ganadería intensiva en coexistencia con otras oportunidades de desarrollo del medio rural. También que apoye el uso racional de los abonos y el impulso del uso de estiércoles como fertilizantes y la gestión colectiva de estiércoles a través de los centros de gestión autorizados, de forma que se sustituyan progresivamente los abonos químicos por abonos orgánicos.
Ante la apuesta por macrogranjas, queremos “blindar” la Comunidad y pedimos al cuatripartito que establezca los mecanismos necesarios para que el sector evolucione hacia explotaciones más sostenibles, menos densas e integradas con la agricultura y el medio ambiente y que limite, al menos en los municipios incluidos en Zonas Vulnerables, la ampliación e instalación de nuevas explotaciones de ganadería intensiva.