Este jueves en el Pleno de las Cortes de Aragón presentamos una proposición no de ley con medidas para mejorar la salud de las personas en una concepción amplia y, en concreto, con lo relacionado con las incapacidades temporales. Nuestro portavoz, Álvaro Sanz, ha hecho referencia al último informe del Justicia en el que dice, explícitamente, que, “en materia de incapacidades laborales, la ley juega con unos plazos máximos que, en ocasiones, no son suficientes para garantizar la completa recuperación, con el resultado de que la persona se ve en la situación de tener que reincorporarse al trabajo sin estar en condiciones de hacerlo y, caso de no poder, se encuentra sin recursos asistenciales que le permitan mantenerse”.
Y es que, según el diputado, estos plazos se contradicen con la capacidad del sistema de salud para responder a las necesidades, las incapacidades temporales se alargan por la escasez de medios humanos y materiales que sufre el Sistema Público de Salud tras años de recortes y la mitad del tiempo de duración de muchas de estas incapacidades se debe a esperas para pruebas diagnósticas y operaciones quirúrgicas.
También Sanz ha advertido en la rueda convocada esta mañana en las Cortes, de la falta de recursos para programas de rehabilitación. Las ratios de personal rehabilitador hablan por sí mismas: 1,39 fisioterapeuta por cada 10.000 habitantes y 0,28 terapeutas ocupacionales por 10.000 habitantes en atención especializada y un fisioterapeuta cada 23.793 usuarios de atención primaria. Además, la terapia ocupacional a pesar de estar en la cartera de servicios de atención primaria nunca se ha implantado. “Con estos mimbres es fácil pensar que se alargue la recuperación y que la presencia mínima de rehabilitación encarece el sistema”, ha apuntado Sanz quien ha recordado que esta “debilidad” ya se recogía en el Plan Salud 2030 y, por ello , proponemos que esta pata frágil del sistema se refuerce e impulse con los fondos europeos de recuperación manteniendo el foco en reforzar el sistema público de salud para mejorar su actuación frente a las incapacidades temporales que cuestan mucho al sistema y a la calidad de vida de las personas. En concreto, instamos al impulso con los Fondos REACT del cumplimiento efectivo del Plan Salud 2030 y consolidar de manera progresiva las ratios establecidas en esté del personal rehabilitador en atención primaria.
Por otro lado, el diputado ha recordado que el sistema preventivo español ya se encontraba en una situación de debilidad debido a demasiadas inercias derivadas de las opciones que se han ido tomando durante estos 25 años desde la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En su opinión, “la mayoría de los servicios de prevención ajenos no han venido desarrollando una verdadera prevención en las empresas, sino que se han limitado a tramitar la documentación requerida con el fin de cumplir, a efectos meramente formales, con la normativa y a lo sumo han ofertado evaluaciones de riesgo tipo y unos reconocimientos médicos no específicos”. Además, cabe destacar que una buena parte de los accidentes y enfermedades causadas por el trabajo no se declaran y son tratados y contabilizados como accidentes o enfermedades comunes y atendidas a cargo del sistema público de salud, cuando son las Mutuas las que deberían hacerse cargo de su tratamiento, de los costes derivados y sobre todo de su prevención.
En la iniciativa reclamamos al Gobierno de Aragón a desarrollar un sistema de información orientado a la detección, notificación y reconocimiento de las enfermedades profesionales como diagnóstico de sospecha, en el ámbito de la Atención Primaria, incorporando a la historia clínica la información sobre vida laboral y potenciando la formación del personal sanitario sobre estas patologías y sobre el propio sistema de información. Por otro lado, instamos a la creación progresiva de Unidades de Salud Laboral para apoyar al personal facultativo de Atención Primaria y Atención Especializada en las distintas áreas organizativas del Salud. Unidades especializadas que servirían de referencia y permitirían mayor grado de eficiencia, identificando que actuaciones se deberían derivar a prevención de riesgos para que se implantaran, qué enfermedades se deberían catalogar como profesionales y deberían contar con la intervención y actuación de las mutuas, etc.
Otro de los puntos de la iniciativa insta a establecer un marco preventivo autonómico para potenciar y renovar los programas de actuación del ISSLA (Instituto aragonés de Seguridad y salud Laboral) y usarlo como palanca para que los sistemas de prevención de riesgos laborales superen ese carácter meramente formal para desarrollar la labor que se plantea en la ley.
“En la propia comisión de residencias de las Cortes se ha evidenciado las carencias de los servicios de prevención de riesgos laborales por lo que creemos necesario dotarnos de un marco autonómico que nos permita actuar con mayor precisión y en esta misma línea poder dotar a dicho ISSLA de los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo su labor”, ha explicado Sanz.
En su opinión, es necesaria una mayor coordinación entre la administración sanitaria y la laboral y en este sentido, reivindicamos una estrategia sanitaria integrada en la laboral, que permita tener una verdadera política pública en salud laboral en el más amplio sentido del concepto salud.
El diputado ha hecho referencia al actual mercado laboral con el incremento de los trabajadores autónomos, especialmente falsos autónomos, de la temporalidad de los contratos, etc. y al colapso de la atención primaria y las actuaciones frente a la pandemia que están generando otros problemas relacionados con las incapacidades temporales. Ante la dificultad de acceso para solicitar la baja laboral en un plazo razonable, aunque se pueda otorgar con carácter retroactivo, y la recomendación cuando se está pendiente de PCR de aislamiento domiciliario sin que este se acompañe de una baja laboral que lo permita, proponemos posibilitar mecanismos que garanticen el acceso al derecho de baja laboral con garantías y que permitan dar cumplimiento a las recomendaciones sanitarias.
“Nos han llegado denuncias de personas que, ante la imposibilidad de contactar con el centro de salud, les planteaban que utilizaran días de vacaciones para ello, sin que las trabajadoras supieran que se puede otorgar la baja médica con carácter retroactivo”, ha advertido Sanz quien dice que una solución podría ser “señalas en Salud Informa que el motivo de consulta es una enfermedad que incapacita para trabajar y que esto agilice la llamada telefónica, lo mismo cuando hay sintomatología compatible con Covid, ya que hay un desfase de tres o cuatro días desde la llamada telefónica del médico de familia con el resultado del PCR negativo que pide a los trabajadores aislamiento domiciliario pero que no se acompaña de baja laboral, lo que puede resultar un problema en trabajos precarios o que no pueden desarrollarse con teletrabajo por lo que habría que plantear como mejorar esta actuación para poder cumplir la medida de confinamiento por síntomas”.
Con esta proposición no de ley planteamos medidas estructurales y puntuales para dar respuesta a una realidad de la que todos tenemos experiencia y compartimos la necesidad de su mejor y de fondo apostar por que la salud sea una concepción integral donde la coordinación sea fundamental para garantizarla y con herramientas en los diferentes niveles para dar una respuesta eficaz. “Muchas de ellas, propuestas que están en el papel y que necesitan del impulso y la voluntad política para que se hagan efectivas”, ha concluido.