Hemos registrado 24 enmiendas al Proyecto de Ley de Organización y Régimen Jurídico del sector público autonómico de Aragón para dotar de mayor transparencia la organización del sector público institucional, mejorar el control parlamentario en la participación del Gobierno autonómico en consorcios, entidades y sociedades y mejorar el impulso que da este proyecto al lenguaje no discriminatorio e inclusivo para ayudar a visibilizar la igualdad entre mujeres y hombres.

Nuestro portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, considera “necesaria” esta nueva norma aragonesa porque facilitará la “supervisión continua” de las entidades del sector público, servirá para determinar qué entidades deben mantenerse, transformarse o eliminarse y controlará la “expansión del sector público desde la transparencia”.

“Esta nueva ley puede evitar la opacidad del Gobierno de Aragón respecto a sociedades en las que participa de forma no mayoritaria, como es el caso de Aramón Montañas de Aragón S.A.”, apunta Sanz.

A pesar de solicitar información a través de las herramientas habilitadas para el control parlamentario, “no hemos logrado nunca que el Gobierno de Aragón nos facilite la información solicitada sobre Aramón”, lamenta.

Para acabar con esta falta de transparencia, hemos registrado varias enmiendas en este sentido, entre las que destaca la propuesta para que el Gobierno de Aragón y las entidades integrantes del sector público autonómico estén sometidos a los instrumentos de información y control recogidos en el Reglamento de las Cortes de Aragón al respecto de la información y la documentación de que dispongan sobre estas sociedades en las que participa respondiendo a un “interés general”, por lo que “no cabe que se produzca una huida del derecho administrativo y se eludan los derechos fundamentales que enmarcan la representación parlamentaria”. Además, reclamamos que el Gobierno de Aragón remita la Comisión de Institucional de las Cortes de Aragón los acuerdos relativos a la participación en cualquier ente, institución o asociación que no forma parte del sector público institucional.