Izquierda Unida ha registrado hoy un recurso contra la privatización del nuevo hospital de Alcañiz. Con este recurso, Izquierda Unida exige al Gobierno de Aragón que retire el anuncio de la concesión de obra pública, del nuevo hospital de Alcañiz, para la adecuación del proyecto de ejecución, la construcción de la infraestructura sanitaria, financiación, prestación de servicios, publicado en el perfil de contratante del Gobierno de Aragón el pasado 28 de enero de 2015, y los pliegos.
Este recurso ha sido presentado ante el tribunal administrativo de contratos públicos de Aragón, en la dirección de Gerencia del Salud, sumándose así a las actuaciones realizadas por Comisiones Obreras.
Cabe recordar que el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 27 de enero el contrato de concesión de obra pública del nuevo hospital de Alcañiz y del gasto plurianual de 451.174.551 euros que se empezará a pagar en 2018 y hasta el 2037, que para Luquin confirma la apuesta del Gobierno por la privatización de la sanidad pública aragonesa. “Rudi y su Gobierno, a escasos meses del final de la Legislatura, han pretendido sentar las bases de esta privatización que, disfrazada bajo el nombre de colaboración público-privada, abre la puerta a la liquidación del servicio aragonés de salud como ente público”, denuncia la portavoz del grupo parlamentario en las Cortes, Patricia Luquin.
El recurso presentado hoy por Izquierda Unida hace hincapié en la hipoteca para las arcas públicas que supone el coste de la privatización y en la importante contestación social contra esta fórmula. En cuanto al gasto plurianual que costará a las arcas públicas más de 451 millones de euros y que se empezará a pagar en 2018, Izquierda Unida denuncia que el Gobierno de Aragón no tiene ningún problema en hipotecar hasta 2037 la salud de la ciudadanía del Bajo Aragón. “Además, si el beneficio no se consigue, porque gestionar un hospital no es sencillo como ya ha sucedido en el hospital valenciano de Alzira, rescinden el contrato, aumentan el canon anual a pagar a la empresa y se lo adjudican de nuevo a la misma empresa”, señala Luquin.
En relación a la gran contestación social contra esta “privatización encubierta”, el Coordinador General de IU Aragón, Adolfo Barrena, denuncia que la presidenta de la DGA, Luisa Fernanda Rudi, “no escucha las demandas de los vecinos y vecinas del Bajo Aragón, de los profesionales sanitarios y colectivos que reclaman un nuevo hospital, pero desde el principio le han exigido que tanto su titularidad, su construcción, como su gestión sea directa y pública”. “Una reivindicación que ha sido reconocida y apoyada en múltiples iniciativas aprobadas por unanimidad de todos los grupos parlamentarios en las Cortes de Aragón”, recuerda Barrena.
Por todo ello, IU ha presentado hoy este recurso con el que exige al Gobierno de Aragón que desista y que licite esta infraestructura básica con recursos propios para garantizar su titularidad pública y la gestión directa del mismo, utilizando el modelo de contratación tradicional, en igualdad de condiciones que el nuevo hospital de Teruel para no ocasionar ningún agravio comparativo en el modelo sanitario aragonés.