“Lo que pretendemos con nuestras 46 enmiendas es profundizar en la defensa del modelo social y familiar agrario, apoyarlo a través de todas las políticas públicas que van destinadas al campo aragonés y poner de manifiesto que es necesario, mucho más allá de polémicas estériles, dejar claro qué modelo de agricultura y ganadería defendemos, el de quienes trabajan la tierra y cuidan del ganado, fundamentalmente con su trabajo en el territorio”. Con estas palabras ha resumido en rueda de prensa nuestro Coordinador y portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, el objetivo que persigue el trabajo realizado en relación con el proyecto de ley de Protección y Modernización de la Agricultura Familiar y del Patrimonio Agrario que se está tramitando en las Cortes de Aragón.
Un proyecto de ley que, para Sanz, se ha presentado en un momento clave de transformación e industrialización en el más amplio sentido “economicista y productivista” que amenaza la viabilidad del modelo de explotación familiar y social que queremos defender, proteger e impulsar desde las políticas públicas.
El diputado ha recordado que su formación política y social ha apoyado decididamente la tramitación de este proyecto de ley fundamentalmente porque define un modelo de agricultura familiar hacia el que dirigir prioritariamente las medidas de apoyo público, porque reconoce, a pesar de los “bulos levantados últimamente”, los “nefastos” efectos sociales en el modelo familiar de producción ganadera de la expansión de la intensificación de la ganadería por lo que esta norma propone una limitación en la capacidad de las explotaciones y, en tercer lugar, porque establece el marco de gestión del banco de tierras con el patrimonio agrario de la Comunidad.
En su opinión, esta norma deberá servir para priorizar todas las políticas públicas que se desarrollen en materia agraria y no agraria de cara a proteger ese modelo social y familiar de la agricultura y ganadería que es mayoritario en Aragón y blindarlo frente a esos procesos que lo amenazan.
Sanz ha explicado que esta ley “no excluye” otros modelos de agricultura, lo que hace es garantizar que las políticas públicas se enfocan a la protección del modelo familiar. Es en esta dirección donde queremos incidir a través de nuestras enmiendas. Las propuestas van dirigidas a profundizar en la consideración social del modelo hacia el que deben ir dirigidas las políticas de apoyo al sector, por eso hablan de modelo social y familiar, “porque hay una fusión social que no solo se define por el hecho de compartir un apellido”, ha señalado. También proponemos que se reduzca la dimensión económica de las explotaciones que requieren una atención especial por parte de los planes de la Comunidad, que esté vinculado a una producción estándar y no al concepto de micro empresa y que se considere el parámetro técnico de la “renta” y no de los “ingresos”.
Otras de sus enmiendas demandan modular el coeficiente de profesionalidad requerido para tener la consideración de “social y familiar”, de forma que este sea mayor cuanto mayor sea el tamaño de las explotaciones y que los socios que cumplen con los requisitos tengan más peso en las sociedades que sean consideradas dentro del modelo a proteger.
En materia ganadera, planteamos reducir el límite máximo de cabezas por explotación ganadera y no aplicar el incremento potestativo del 20% sobre las dimensiones permitidas que aparece en el borrador de la ley, “porque no se corresponde con la sostenibilidad social y ambiental que requieren los tiempos y para lo que tiene que dar respuesta esta ley”. Asimismo, proponemos establecer criterios clarificadores de equivalencias para los distintos tipos de ganado y sus estados reproductivos para concretar cuál es la capacidad de cada explotación de cara a limitar su capacidad de carga.
En materia de patrimonio agrario público, queremos ir más allá de lo que propone el Gobierno de Aragón en este proyecto de ley y pretende que el modelo social y familiar sea preferente en el acceso al patrimonio agrario de la Comunidad y de los municipios, además de que estos bienes se puedan incorporar al banco de tierras de Aragón para su gestión social.
Por último, Sanz ha explicado que, además de abordar la crisis de precios con la creación de un Observatorio de precios, y de solicitar al Gobierno de Aragón una ley de integración que equilibre las relaciones contractuales entre los ganaderos y las empresas, proponen que los ingresos “obtenidos del patrimonio agrario sirvan para incrementar el banco de tierras” y plantean proteger las modificaciones de regadío y las concentraciones parcelarias que “se están desarrollando y que son declaradas de utilidad pública en cuanto a usos energéticos”.