Esta mañana hemos registrado 14 enmiendas al proyecto de ley de Economía Social con las que pretende que el sector tenga el reconocimiento que se merece, forme parte del Consejo Económico y Social de Aragón (CESA) y que la Administración garantice su cumplimiento con una dotación presupuestaria.
Para nuestro Coordinador de IU Aragón y portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, los valores de la Economía Social deben regir el nuevo modelo económico y productivo. Llevamos años tratando de impulsarlo en las acciones de las instituciones públicas y, más que de un sector, hablamos de un modelo “social y solidario”.
Cabe recordar que dentro del acuerdo que alcanzamos con el PSOE para la investidura de Javier Lambán como presidente estaba el impulso de la economía social con un plan de empleo en colaboración con las entidades de Economía Social, un plan estratégico del fomento de la Economía social, garantizar su presencia en el CESA y una reserva estratégica en la contratación pública.
La futura Ley de Economía Social de Aragón afectará a más de 5.000 organizaciones (el 5,6% del total de las empresas aragonesas, según el último informe de la cátedra de Economía Social de la Universidad de Zaragoza) y a cerca de 20.000 personas de manera directa, las cuales generan más de 2.500 millones de euros (el 6,7% del PIB de la región en 2018).
Para Sanz, nos encontramos con una norma de carácter económico que responde al reconocimiento de un modelo alternativo, que cambia de paradigma con conceptos como la cooperación, igualdad, sostenibilidad ambiental, responsabilidad social, comunidad y la solidaridad frente al único faro que parece guiar las relaciones económicas que es la competitividad.
El proyecto de ley contempla las definiciones necesarias e incorpora la tipología de las entidades de la economía social, crea el catalogo correspondiente y establece un marco de organización del sector y enumera una serie de políticas públicas para la difusión y el impulso. Sin embargo, creemos que es una “mera lista de buenas intenciones” porque no establece los mecanismos concretos para cumplir con el objetivo pretendido, ni tan siquiera cuenta con un mínimo presupuesto asignado.
Esta es la “principal carencia” de la norma propuesta por el Ejecutivo y con nuestras enmiendas proponemos corregirla para que el cumplimiento de las medidas que recoge esta ley tenga una dotación presupuestaria definida y se eviten situaciones como la de 2020, cuando Aragón redujo los importes de las ayudas a este sector un 28%.
Asimismo, queremos modificar la redacción actual de la ley en el punto que equipara a todas las entidades al definirlas con los mismos criterios. En opinión de Sanz, no es lo mismo una fundación ligada a una gran empresa que una cooperativa de enseñanza o una iniciativa social de inserción para personas con discapacidad. Y, también, hemos echado en falta la dotación con medios materiales y personales de las unidades que trabajan y han de impulsar la economía social, así como el desarrollo de la contratación pública responsable y comprometida con los valores que inspira esta norma, cuestiones fundamentales que queremos introducir con nuestras enmiendas.