El grupo parlamentario IU Aragón ha mantenido una reunión con la Asociación Bebés Robados de Aragón en la que sus representantes han trasladado a la portavoz de IU, Patricia Luquin, la situación en la que se encuentran y las medidas que quieren tomar para conseguir saber la verdad y que el derecho a la propia identidad les sea reconocido.
Hace un mes y medio apareció en diferentes medios de comunicación que Aragón sería la primera comunidad autónoma en expurgar sus archivos judiciales. Según se señala, el volumen hacía referencia a 69.000 cajas de documentación, e incluso hay documentación de los años 40 y 50. Documentación que se encuentra en una nave del polígono Centrovía de la Muela y que custodia la empresa Iron Mountain, una firma especializada en almacenamiento y gestión de documentación, tanto en papel como en formatos digitales y magnéticos. Entre tanta documentación hay archivos judiciales (entre ellos, referentes a adopciones) y también historiales médicos.
El Departamento de Presidencia y Justicia indicó que se indicaba la creación de una comisión mixta que se encargaría de establecer los criterios y qué legajos serían destruidos y cuales conservados y la propia directora general de Administración de Justicia de la DGA añadía que “eran partidarios de conservar lo que tenga interés”.
Desde la Asociación de Bebes Robados de Aragón nos han trasladado la preocupación que se vayan a destruir archivos judiciales, que bien pudieran afectar a expedientes de adopción y/o historiales médicos que supusieran su destrucción la eliminación de datos y pruebas concluyentes para saber qué ocurrió exactamente con muchos bebes robados en esta Comunidad”, explica la portavoz del grupo parlamentario IU Aragón, Patricia Luquin.
“Como bien se señala desde el Gobierno, -continúa- hay un claro interés de conservar los archivos que tengan especial interés, por ello hacemos un llamamiento para que se sea especialmente cuidadosos en qué tipo de legajos son destruidos, no vayan a verse afectadas personas que llevan mucho tiempo intentando saber qué ocurrió con sus bebes”. En su opinión, “un tema tan sensible como es el caso de los bebes robados en Aragón se tiene que tratar de forma absolutamente respetuosa y garantizando que no se van a ver afectados en la expurgación documentos ni archivos que puedan tener vínculos o estar directamente relacionados con este tema”.
De esta manera, el grupo parlamentario IU ha solicitado al consejero de Presidencia y Justicia, Roberto Bermúdez de Castro, que informe su se ha iniciado ya el proceso para expurgar los archivos y aclare si esto hace referencia exclusivamente a archivos judiciales o se hace extensible a historiales médicos.
En cuanto a la comisión mixta encargada de establecer los criterios para llevar a cabo ese expurgo documental, Izquierda Unida quiere saber quiénes forman parte y si está previsto que puedan formar parte de la misma personas que pudieran verse afectadas por la destrucción de esos documentos.
En cuanto a las razonas por las que se procede al expurgo o no de estos archivos, IU pregunta qué criterios se siguen para decidir qué legajos son destruidos y cuáles conservados y reclama al Gobierno que informe del tipo de medidas tienen previsto adoptar o se han adoptado ya para garantizar que, al conservar aquellos documentos de especial interés, no se vaya a proceder a la destrucción de archivos que pueden afectar y aclarar la situación de bebes robados en Aragón.