Esta mañana hemos solicitado información al Gobierno de Aragón en relación con el Protocolo de Acogida a personas con Protección Internacional ante posibles irregularidades cometidas por parte de las ONG que gestionan la acogida de personas refugiadas.
Un total de 709 personas refugiadas han llegado a Aragón desde finales de 2015 y hasta diciembre de 2017. Fue en este año cuando llegaron un mayor número, en concreto, un total de 517 personas que fueron acogidas en Huesca, Teruel, Zaragoza y La Almunia procedentes de Siria, Venezuela, Ucrania, El Salvador, Palestina, Colombia, Honduras y Camerún.
El Gobierno de Aragón coordinó la elaboración de un Protocolo de Acogida a las Personas de Protección Internacional en Aragón, que lleva funcionando desde finales de 2015. Aragón, como el resto de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, tienen un papel secundario en el proceso de acogida de refugiados, limitado a facilitar el acceso de estas personas a los medios y los recursos puestos a disposición de todos los ciudadanos, así como el refuerzo o adaptación de los servicios sociales.
Es el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, el responsable de la gestión del Programa Global de Protección Internacional. La gestión está encomendada, a través de convenios, a las entidades ACCEM, Cruz Roja, Fundación CEPAIM y Fundación APIP-ACAM.
En Zaragoza, según hemos tenido conocimiento a través de los medios de comunicación, algunas familias refugiadas se ven obligadas a compartir la vivienda que una de las ONG que gestiona este programa de acogida pone a su disposición. Así, 17 personas refugiadas de diferente sexo, edad y procedencia, estarían conviviendo en una única residencia.
Nuestra portavoz parlamentaria, Patricia Luquin, recuerda que no es el primer caso que ha provocado una denuncia social. Representantes de la Red ciudadana de apoyo para personas refugiadas comparecieron en las Cortes de Aragón el 30 de octubre de 2017 para denunciar que varias familias de refugiados en Zaragoza sufrían “maltrato psicológico” por parte de una de las entidades de acogida, a la que denunciaron por mala praxis y por incumplir el protocolo de acogida.
Por todo ello, hemos solicitado a la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, que informe del grado de cumplimiento del Protocolo de Acogida a las Personas de Protección Internacional en Aragón y de las medidas puestas en marcha para el seguimiento del mismo.