La patronal de centros educativos privados, CICAE, y la federación de AMPAs, CEAPA, han presentado en los medios de comunicación un informe, que vienen realizando desde 2016, referido en este caso al año 2019 y en el que se extraen tres conclusiones principales: Que el 90% de los centros concertados cobran cuotas irregulares a las familias, pese a estar financiados con fondos públicos; que, en la mayoría de los casos, dichas cuotas no son voluntarias y, si una familia se niega a pagarlas, su hijo o hija será excluido de algunas actividades; que las cuotas irregulares son muy dispares según centros, oscilando entre 50 y 950 euros al mes.
Según indican los promotores del informe, el mismo “tiene como objetivo aportar datos para exigir que se haga buen uso de los fondos públicos y evitar que algunos concertados sean un negocio rentable”. También han añadido “que no existe voluntariedad y cuando se les pregunta a los colegios por la cuota, responden que son los costes del centro”. El informe menciona que esta práctica de cobros irregulares también se realiza en Aragón en centros concertados.
Consideramos que debe tenerse en cuenta que los costes de los conciertos educativos son muy elevados para el Estado y, sólo en 2018, ascendieron a 6.342 millones de euros”. Por ello, “hay que evitar que algunos hagan trampas y aprovechen la educación para hacer un negocio rentable”.
Además, el informe señala que el Gobierno central no puede perseguir que los colegios cobren una cuota encubierta en distintos conceptos (servicio de enfermería, orientación psicológica, seguro escolar o proyecto pedagógico), “porque es competencia de los Gobiernos autonómicos hacerlo, a través de Inspección, pero rara vez sancionan a los centros infractores”.
Teniendo en cuenta que el Departamento de Educación de DGA no proporciona datos sobre este tema, nuestro portavoz en las Cortes de Aragón, Álvaro Sanz, ha preguntado al consejero del ramo, Felipe Faci, cuántos centros concertados han sido revisados por el Servicio de Inspección Educativa en el curso 2019-20 y, en su caso, cuántos centros han sido sancionados. Así mismo, ha solicitado al consejero información sobre qué sistema de control se desarrolla en Aragón, al respecto.
Álvaro Sanz expresa de manera firme y rotunda que “la transparencia administrativa debe ser una guía prioritaria en la gestión pública y espera recibir una respuesta clara, concreta y detallada del Departamento de Educación”.