Hoy el Pleno de las Cortes de Aragón se debate el Dictamen de la Comisión Especial de Estudio que ha analizado los criterios que deben regir la reestructuración de las residencias de mayores en Aragón.
Nuestro Coordinador y portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, ha comenzado su intervención recordando lo vivido e instando a que esto nos sirva para aprender de lo sucedido y revertir las debilidades encontradas. Con nuestras propuestas hemos incidido más en el futuro y en las medidas para mejorar la situación, aunque seguimos lamentando la ausencia de la auditoria de lo sucedido en las residencias de mayores de nuestra Comunidad que se recogía en la EARSE. Algo que no se ha hecho y criticamos.
Sanz ha incidido en que lo más importante es que se han incorporado las residencias como un recurso más en la atención a la Dependencia y a los mayores, que no se puede separar del resto de recursos. Por ello, nuestra opinión es que hay que revisar y actuar en toda la red de servicios de la Dependencia y en la problemática de los mayores. Sanz ha recalcado que las residencias no es el servicio preferido sino a veces la única opción viable, dadas las dificultades para quedarse en su entorno. Mejorar esto va en la línea de la demanda de los mayores y dependientes que prefieren mantenerse en su entorno pero con condiciones dignas.
Cabe recordar que ha sido una comisión con muchas ponencias y por ello es fundamental en las conclusiones se recojan las propuestas planteadas para realmente mejorar de forma estructural y en elementos concretos con una herramienta útil y no se quede en una declaración de intenciones generales.
Para nosotros y nosotras ha sido importante incluir objetivos relacionados con la vertebración y cohesión territorial, poner en el centro los derechos de las personas mayores así como potenciar su participación, la continuidad asistencial y el papel relevante y fundamental de los servicios públicos.
Sanz también ha señalado que en la comisión ha sido relevante la conexión directa entre la calidad en el empleo y la calidad en los cuidados, que se ha repetido como un mantra. En este sentido, en IU seguimos insistiendo en que la gestión directa es la mejor vía para garantizarlo y además hemos incluido que las condiciones laborales se contemplen tanto en pliegos de conciertos y externalizaciones como en la futura ley que rija la acreditación de centros.
Es necesario revertir la infravaloración, temporalidad y parcialidad existente en el sector.
Asimismo incluimos la necesidad de la formación continua y del apoyo y cuidado al cuidador dentro de su jornada laboral, el cambio de lógica de la prevención de riesgos laborales para que cumpla el papel que realmente tiene y la coordinación directa entre inspección de trabajo e inspección de centros. También la necesidad de instar a los agentes sociales para hacer un convenio autonómico del sector, ya que el estatal está paralizado en Madrid. Así como la necesidad de planificar las necesidades y adecuar una buena formación para las profesionales del cuidado dada la evolución demográfica de nuestra Comunidad.
Hemos tenido en cuenta que vamos a tener que afrontar el reto demográfico que supone que el 30% de la población tenga más de 65 años y esto requiere de un plan interdepartamental que se ajuste a sus necesidades heterogéneas y donde la vivienda cumple un papel fundamental. Problemas de accesibilidad y confort de las casas, así como generar una red de viviendas comunitarias en el entorno como paso intermedio a las residencias, son medidas que hemos incluido y posibilitan mantener las condiciones dignas para permanecer donde siempre han vivido con los apoyos escalonados según las necesidades.
La coordinación entre servicios sociales y sanidad es un tema ya plasmado en el protocolo aprobado pero para hacerlo efectivo creemos que se necesita actualizar el mapa sanitario para tener en consideración la atención a los centros que contempla, incluir la atención domiciliaria en el proceso de morir en las residencias, coordinar las estrategias de salud con los recursos de los dependientes para generar sinergias y avanzar en la equidad del sistema sanitario en el conjunto de los sectores en servicios especializados de geriatría, unidades de valoración sociosanitarios o plazas de convalecencia con rehabilitación para situaciones sobrevenidas y temporales. Sin olvidarnos de la coordinación con la red de salud mental y la coordinación con salud pública que se ha demostrado imprescindible.
Y es que, según ha explicado Sanz, la continuidad asistencial y la posibilidad de garantizar los apoyos necesarios hace evaluar el sistema y mejorar compatibilidades e intensidades de las prestaciones.
Posibilitar centros públicos de referencia y concebir los centros residenciales desde una óptica comunitaria tanto en su ubicación, uso por la comunidad que permita la relación intergeneracional y la configuración de una comunidad de cuidados similar a la comunidad educativa en las escuelas, son planteamientos que refuerzan la implantación del modelo centrado en la persona, donde lo comunitario, lo social, cumple un papel fundamental.
“Porque las personas mayores, son personas con los mismos derechos que los demás pero estamos en una sociedad edadista, donde se esconde y discrimina a los mayores, donde se ha normalizado maltrato como la infantilización o la falta de intimidad en los centros residenciales que hay que revertir”, ha manifestado Sanz. Por eso, en IU hemos presentado propuestas en línea de garantizar esto a todos los niveles, para que vaya más allá de la implantación del modelo centrado en la persona: Por un lado, impulsar una ley integral de derechos de las personas mayores de manera que inspección de centros no solo mire el cumplimiento de la normativa sino, sobre todo, el impacto de las actuaciones en la calidad de vida de las personas y sus derechos, el buen trato y que el plan de eliminación de contenciones sea efectivo. Pero sobre todo, garantizar el acceso en todo el territorio a todos los servicios revisando y actualizando el mapa de servicios sociales, reduciendo el limbo de la Dependencia y aumentando las plazas públicas residenciales.
También proponemos abordar la realidad de las personas mayores no dependientes que se encuentran solas sin red de apoyo suficiente, que presentan problemas salud mental, enfermedades infectocontagiosas, personas mayores migrantes o refugiadas sin documentación y que necesitan de cuidados. Personas que necesitan de la administración para garantizar sus derechos.
Sanz ha finalizado su intervención con un elemento fundamental que es el compromiso para la modificación con urgencia del 111 para adecuación de ratios que diferencie la atención directa del resto del personal de los centros. Un debe que no puede esperar más y que supondrá una mejora en la calidad y en las condiciones laborales de las trabajadoras.
Nos hubiera gustado acentuar el control y seguimiento de las externalizaciones, así como la coordinación interadministrativa con entidades locales pero creemos que es un dictamen que, si se lleva a cabo, mejorara sustancialmente la realidad de nuestros mayores.