Artículo de Alberto Cubero publicado el 12 de marzo de 2022 en Arainfo
Septiembre de 2021, el Gobierno de coalición anuncia unas medidas “históricas” que prometen bajar la factura de la luz un 22%. Febrero 2022, la luz se ha duplicado en este período a pesar de dichas medidas.
Y es que las medidas del Gobierno no afectaban a los beneficios de las energéticas, sino que básicamente se hicieron a costa del erario público (la bajada del IVA del 21% al 10% fue la más importante). Es cierto que el Gobierno anunció que se iban a recortar los “beneficios caídos del cielo” pero finalmente Ribera cedió ante las eléctricas, a pesar de que el acuerdo de gobierno PSOE-UP incluía la obligación de “acabar con los beneficios caídos del cielo”.
Así que la principal consecuencia del decreto aprobado en septiembre fue reducir la recaudación fiscal que sirve para financiar los servicios públicos. Ya que el Gobierno no se atrevió con el oligopolio eléctrico para contener la subida de la luz recurrió a lo más fácil, a la caja común. Y ello a pesar de que las empresas energéticas del Ibex ganaron más de 10 mil millones en 2021, una cifra superior a los 8.000 millones de gasto público en educación al año.
Si de algo han servido las medidas aprobadas en septiembre es para demostrar que no basta con parches y que es preciso tomar medidas estructurales que modifiquen el sistema “marginalista” de fijación del precio que, como a estas alturas es bien conocido, se basa en pagar por toda la energía el precio de aquella que fija el coste más elevado. Es decir, que en el momento actual, como el gas natural está alcanzando un precio de 500€/mWh, la energía que procede de las centrales hidroeléctricas también se vende a 500€ aunque su coste sea de 3€ y sea una concesión pública. Esta diferencia entre 500€ y 3€ es lo que se llama “beneficios caídos del cielo” y es sencillamente una estafa. Una estafa que no es solamente coyuntural por el alto precio del gas actual, sino que es estructural y explica las altas rentabilidades de las energéticas y cómo pueden ofrecer generosos sueldos a políticos para asegurarse que no se modifica el sistema.
El Gobierno de España ha pedido a la Comisión Europea poder modificar el sistema de fijación de precio para que el coste del gas no afecta de manera tan directa y parece que la Comisión ha aceptado estudiar esta petición. Y supongo que alguna medida se tomará para mitigar algo el precio de la luz, pero aun así mantendrán en lo sustancial un sistema que genera unos beneficios extraordinarios e injustos para las eléctricas a costa del bolsillo de las familias y de la competitividad de las empresas.
El Gobierno no debería seguir tolerando esta injusta situación ni limitarse a nuevos parches, como sería sacar temporalmente el coste del gas del cómputo del precio. Debe modificarse el sistema de fijación de precio para que sea justo y, de forma transitoria, establecer un impuesto a las eléctricas para gravar los beneficios extraordinarios que al menos impidan que mientras todos somos más pobres a consecuencia de la guerra, los accionistas de estas empresas se hagan más ricos. Un impuesto que también debería aplicarse a las empresas armamentísticas y a todas aquellas que se estén beneficiando de la guerra.
Los defensores del status quo argumentarán que esto no es posible porque la Comisión Europea no lo autorizaría. Y están en lo cierto, pero aun así el Gobierno se debe enfrentar a la Comisión y defender el interés del pueblo español frente al interés de las eléctricas que defiende la élite de Bruselas.
Es obvio que el Gobierno español, liderado por un PSOE firmemente comprometido con los intereses del capital y que tiene lazos directos con las grandes energéticas, no se va a enfrentar a Bruselas. No olvidemos que el PSOE, igual que el PP, tiene en los consejos de administración de las eléctricas un retiro dorado. El último ejemplo, Antonio Carmona que fue recientemente fichado como vicepresidente de Iberdrola en una práctica ampliamente generalizada. Felipe González, Josep Borrell, Pedro Solbes o Elena Salgado fueron otros importantes dirigentes “socialistas” que recalaron en consejos de administración de eléctricas.
Por eso es necesaria una movilización masiva que canalice hacia las calles el enorme malestar de mucha gente con el alza de los precios. No sólo de la luz, también de la gasolina, de los alquileres o de la cesta de la compra mientras los salarios y las pensiones están muy lejos de subir al mismo nivel. De hecho, la propuesta de Pedro Sánchez de “un pacto de rentas” es más bien una “transferencia de rentas”, para que nos abrochemos el cinturón porque las empresas del Ibex (con un beneficio de 64.000 millones en 2021) no piensan renunciar a sus dividendos.
De lo contrario, si la izquierda no abandera el descontento social, será la extrema derecha quien trate de hacerlo, siendo la movilización convocada por VOX para la semana que viene una advertencia que deberíamos tomarnos en serio. A veces no es necesario defender los intereses populares sino aparentar hacerlo y en eso está la extrema derecha en Europa.
La izquierda social y política debemos presionar al Gobierno y empujarle a que sea valiente y se enfrente a la Comisión Europea modificando el sistema de fijación de precios que evite la existencia de beneficios caídos del cielo. También debemos exigir que se aprueben impuestos a “las ganancias extraordinarias”, como los aprobados por Churchill en el contexto de la 2ª Guerra Mundial y que llegaron a gravar los beneficios empresariales con un impuesto del 90%. Algo bastante lógico pues cuando todo el país estaba soportando un coste altísimo no era ético que hubiera empresas al mismo tiempo se estén forrando con la guerra, una lógica perfectamente aplicable hoy día y que también se debería haber aplicado durante la pandemia.
El camino de la responsabilidad, la institucionalidad y los debates en el ámbito del Consejo de Ministros ya lo hemos recorrido y hemos podido comprobar a dónde nos ha llevado. Es un camino cegado si lo que se pretende es mejorar la correlación de fuerzas en la lucha de clases. La izquierda debemos recuperar el camino de la movilización y el conflicto con las élites económicas y políticas. No es momento de confiar en el Gobierno sino de presionarle en la calle.