Esta mañana hemos pedido explicaciones al Gobierno de Aragón ante posibles incumplimientos de las garantías ambientales de las obras de la de la carretera A-2605, en el término de Jasa.
Según hemos tenido conocimiento, entidades ambientalistas y colectivos ecologistas han denunciado las actuaciones llevadas a cabo en la obra de emergencia adjudicada por el Departamento de Vertebración del Territorio en el kilómetro 38,25 de la citada vía para de restituir el terraplén, consolidar el talud, restituir la plataforma de carretera perdida y reconstruir el ancho de la calzada, provocado por las intensas lluvias. Se da la circunstancia de que estas obras discurren de forma contigua al transcurso del río Osia en un entorno de gran valor natural y han provocado graves daños en su cauce y riberas.
“Nos preocupa lo ocurrido y son necesarias las explicaciones por parte de los responsables”, señala nuestro Coordinador y portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, en relación con lo que dicen expertos en restauración fluvial que han observado que las actuaciones han destruido totalmente el cauce natural del Osia, afectando totalmente a la geomorfología natural del río en varios centenares de metros e incrementando la peligrosidad que origina y por los procesos de incisión y erosión remontante que desencadenará en los próximos años. También denuncian que se ha producido una “grave desprotección” de la geodiversidad, una “falta de respeto” por la dinámica del río y una “ausencia total de adaptación al medio natural” en las soluciones adoptadas.
“También nos preocupa que la CHE no haya velado por las afecciones al río, porque entendemos que es de su competencia vigilar el cumplimiento de las garantías ambientales tanto del cauce, sus riberas y la flora y fauna de su entorno”, añade Sanz quien ha registrado varias preguntas en las Cortes de Aragón.
En ellas, el diputado pide al consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, que explique si las obras cuentan o no con el debido condicionado ambiental emitido por parte del INAGA e informe de las medidas contempladas durante la ejecución de las obras de conservación para evitar o minimizar los impactos ambientales.
“No estamos en contra de la obra porque las comunicaciones mejoran la vida en el medio rural y son muy necesarias pero no podemos compartir que, porque sea tramitada de emergencia, las autoridades competentes no cumplan con la normativa e ignoren las afecciones al medio ambiente”, concluye.