Esta mañana hemos solicitado al Gobierno de Aragón información sobre el impacto y la transparencia en la toma de las decisiones llevadas a cabo por la Universidad de Zaragoza respecto a la plataforma docente de pago que ha provocado “malestar” entre docentes y alumnado.
Desde hace unos meses alumnado, sindicatos y personal administrativo de la Universidad de Zaragoza “temen” que la institución pública abandone la plataforma docente de software libre Moodle, donde los profesores llevan años subiendo contenidos de sus materias y el alumnado puede entregar sus trabajos. Este sistema actual, gratuito y de software libre sería reemplazado por un costoso programa estadounidense, Blackboard. Un cambio que supondría pasar de pagar cero euros a 200.000 euros (más IVA) al año, a lo que habría que sumar costes de migración, capacitación y adaptación, entre otros.
Desde la Universidad de Zaragoza argumentan que el cambio viene motivado porque, desde la pandemia, Moodle presenta fallos cada vez más recurrentes y, como cualquier software libre, es muy básico. Sin embargo, miembros de la comunidad universitaria defienden que Moodle funciona correctamente y que lo único que le falta es un sistema de videoconferencia adecuado.
A pesar de que cuentan con el Servicio de Informática y Comunicaciones de la Universidad de Zaragoza (SICUZ) que hizo dos propuestas para responder a la necesidad del sistema de videoconferencia, la institución ha preferido contratar el servicio de vídeo ‘Blackboard Collaborate Ultra’ por valor de 10.000 euros, un tipo de servicio que podría verse incrementado en un futuro, en lugar de seguir la recomendación de dicho servicio que proponía otras opciones de software libre como podría ser “BigBlueButton” integrable en Moodle o por “Teams”, plataforma incluida en la licencia “Microsoft Office 365 Education” contratada por la Universidad con un gasto que roza el millón de euros para tres años.
Por otro lado, para la obtención de la financiación ligada a objetivos dotada con un millón de euros anuales, la Universidad deberá cumplir con ciertos indicadores de entre los que se listan a continuación, cuyo grado de cumplimiento, o inclusión de posibles nuevos ítems, será evaluado por una comisión mixta o un grupo de trabajo de la comisión mixta entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza. Entre los indicadores se recoge, entre otras, la “Eliminación de licencias privativas de software y transición hacia software libre”.
Para nuestro portavoz en las Cortes de Aragón y Coordinado general, Álvaro Sanz, “no es entendible que se prime esta cuestión y, por otro lado, se vaya hacía atrás con el anuncio de eliminar el Moodle para introducir el software privativo Blackboard”.
Por último, Sanz recuerda las quejas que ha suscitado la falta de transparencia por parte de la Universidad en este asunto, algo que “creemos que también debería considerarse como un ítem a valorar de cara a una ‘Universidad Abierta, Verde y Amable’”. “También somos conscientes de la autonomía universitaria, -continúa- pero entendemos que la Universidad sostenida por fondos públicos debe tener en cuenta en su gobernanza la participación de la comunidad universitaria y garantizar un desarrollo estratégico sostenible que avance hacia la soberanía digital en lugar de limitarla”.
Ante esta situación, el diputado ha registrado una pregunta parlamentaria para que la consejera de Ciencia y Universidad, Maru Díaz, informe si su Departamento ha participado o tomado posición ante estos anuncio y explique cómo se van a valorar los indicadores de la financiación ligada a objetivos cuando, en lugar de ir en la dirección señalada, se va en la contraria y qué mecanismos dispone su Departamento, respetando la autonomía universitaria, para canalizar cuestiones relacionadas con la gobernanza y la participación de la comunidad universitaria en la toma de decisiones.