Esta semana se ha hecho públicoel último informe ESADE sobre “El coste de acceso a la escuela concertada en España: cuantificando las cuotas e identificando sus causas”, en elquedestaca el cobro de cuotas en la concertada que son “ilegales en teoría pero habituales en la práctica”. A través de nuestro grupo en las Cortes de Aragón, hemos solicitado información al Departamento de Educación en relación con el cobro de estas “cuotas ilegales” a las familias por parte de los centros educativos concertados.
En Aragón, el Decreto de escolarización del Ejecutivo obliga a “garantizar la no discriminación por motivos socioeconómicos” y el Decreto 32/2018, de 20 de febrero, prevé la inspección y vigilancia de las “cuotas ilegales” que se pueden cobrar en los centros concertados, mantenidos con fondos públicos.
Exigimos “transparencia” porque son centros sostenidos con fondos públicos y las familias que han optado por ellos como opción para escolarizar a sus hijas e hijos tienen que saber que cumplen o no con la ley. “Cuestión de la que debe ocuparse el Gobierno de Aragón”, recuerda nuestro Coordinador General y portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, quien ha registrado una pregunta en las Cortes dirigida a la consejera de Educación sobre esta cuestión.
En su opinión, “el cobro de estas cuotas ‘voluntarias’ supone una discriminación”. La concertada dice que “son actividades escolares que no forman parte del horario lectivo y que carecen de carácter lucrativo”, pero desde la formación política y social advierten que “las familias se ven obligadas a pagar estas cuotas ante la idea de que sus hijas e hijos sean discriminados en el centro escolar”.
En este sentido, Sanz ha pedido a Educación que explique qué actividades se catalogan como complementarias y el Departamento asume que incluya un copago y de qué manera se financian las actividades de apoyo educativo para el alumnado de los centros concertados acordes con actuaciones de intervención educativa inclusiva. El diputado advierte que, ante situaciones en las que el centro educativo debe actuar como son actuaciones frente a las dificultades de aprendizaje o el diagnóstico del psicopedagogo, “la concertada considera que las familias deben hacerse cargo económicamente y lo que está haciendo es incumplir la ley”.
En cuanto a la labor de control del Ejecutivo, nuestro portavoz ha solicitado a la consejera del ramo, Claudia Pérez Forniés, que informe sobre las actividades de inspección que se realizan en las escuelas concertadas sobre el pago de cuotas y sobre la forma en la que su Departamento garantiza la no exclusión del alumnado de la concertada que no paga las cuotas voluntarias.
Además, Sanz ha reclamado conocer los centros que han sido inspeccionados en este sentido y en los que se han detectado actuaciones relacionadas con esta mala praxis, así como los informes de inspección educativa referidos al cumplimiento de los convenios educativos por parte de los centros concertados.