Esta mañana hemosdenunciado la “situación de abandono” de las familias más vulnerables por parte del Gobierno aragonés que no actualiza la Prestación Aragonesa Complementaria al Ingreso Mínimo Vital (PACIMV). Nuestro portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, ha comparecido en rueda de prensa para abordar las políticas del gobierno de las derechas (PP-VOX y PAR) en materia de garantía de ingreso y ha anunciado la presentación de iniciativas para que consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, reconsidere estas políticas de “recorte” de derechos.
Sanz ha hecho referencia al Informe de Rentas Mínimas de Inserción (RMI) correspondiente al año 2022 que la semana pasada hizo público el ministerio de Derechos Sociales y dice que las Comunidades Autónomas reducen un 12,2% su gasto en rentas mínimas de inserción tras la implantación en 2020 del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Aragón y Madrid, ambas con más de un 84.5% de reducción, son las que “lideran” la reducción de rentas mínimas garantizadas desde la implantación del IMV.
Cabe recordar que Aragón se ha situado a la cabeza al reducir en un 84,5 % estas aportaciones, que han pasado desde 2018 desde una dotación presupuestaria de 52 millones a un total de 7 millones en 2024.
El diputado ha criticado con dureza la negativa del Gobierno de Azcón de rechazar un incremento de la prestación aragonesa complementaria o, al menos, la posibilidad de incluir en los presupuestos una disposición adicional que permitiera revisar la cuantía por encima del incremento del IPC.
“Mientras el IMV crece, nuestra renta autonómica baja y por lo tanto su capacidad de complementar se reduce a lo irrisorio”, ha lamentado para explicar que desde Aragón se complementa al IMV con una media de 200 euros al año, unos 21 euros al mes y se ha pasado de poder completar con una media de 700 euros anuales en 2023 a una media de 200, “dinero que se ahorra el gobierno del PP”.
Por último, Sanz ha puesto el acento en la necesidad de actuar sobre la pobreza infantil para lo que considera fundamental “garantizar unos ingresos a las familias que les permita responder a las necesidades y no necesitar acudir al tercer sector, a la caridad”.
Informe PISA
Por otra parte, hemos mostrado nuestro apoyo a la comunidad educativa y hemos reclamado al Departamento de Educación que aporte los recursos suficientes para garantizar las necesidades de la atención a la diversidad en materia educativa, de acuerdo a las exigencias planteadas en el Informe PISA.