Volvemos a exigir a la consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez Forniés, que actúe con responsabilidad y cumpla los compromisos adquiridos en relación con la reapertura de la escuela de Caneto, ya que el Partido Popular dijo comprometerse a hacerlo en un plazo de 3 meses cuando se garantizara la mejora de la seguridad del alumnado en el pleno de las Cortes de Aragón celebrado el 30 de noviembre. “Va pasando el tiempo y no sabemos qué medidas se han tomado al respecto”, advierte nuestro Coordinador General y portavoz parlamentario, Álvaro Sanz.
“Lo que sí sabemos es que las familias y el AMPYA del colegio se han movilizado ante la inacción del Gobierno de las derechas”, señala Sanz en relación con el recurso contencioso administrativo presentado por éstas ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón contra la orden de cierre de la escuela.
En este sentido, el diputado pide a la consejera que no se oponga a las posibles medidas cautelares y prime el interés del alumnado y sus familias de mantener escolarizado a las y los menores en el municipio en el que residen.
Las condiciones mínimas que deben reunir los centros educativos se establecen en el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero. El punto 4 del artículo 3 establece que los requisitos de instalaciones educativas podrán flexibilizarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 y la disposición adicional tercera de este Real Decreto. Esta disposición hace referencia a que las administraciones educativas pueden adecuar los requisitos a los centros que atiendan a poblaciones de especiales características sociodemográficas, “como puede ser el núcleo de Caneto”. Cabe recordar que El Justicia de Aragón apeló al Gobierno para hacer uso de él ya que, como también compartimos, establece una vía legal para garantizar la escolarización del alumnado de Caneto en su municipio.
En los informes que el Departamento de Educación nos ha facilitado, vía solicitud de información, se hace patente que aunque se conoce esta disposición adicional tercera del Real Decreto, no tiene margen de aplicación ni se refleja como adecuarse a las especiales características y dimensiones de estos centros. Sanz cree que el desarrollo de los criterios a incluirse en aplicación de dicha disposición “requiere de un enfoque que recoja la realidad del ámbito rural y que pueda utilizarse como lucha contra la despoblación”.
Por su parte, el Coordinador de IU Alto Aragón, Vicente Guerrero, insta al Gobierno de Aragón a escuchar al alumnado y a sus familias y reconozca que tienen razón, que la solución “no es el traslado de sus hijas e hijos al colegio de Tierrantona”, como han rechazado, porque supone un “peligro” para los menores transitar hora y media al día por esas carreteras y “porque creemos que tienen derecho a estudiar en el lugar en el que viven”.
La situación nos ha llevado a plantear varias preguntas en las Cortes dirigidas a la consejera de Educación y al vicepresidente y consejero de Desarrollo Territorial. En el caso de Pérez Forniés, Sanz plantea a la consejera que aclare cuál es su responsabilidad en la apertura dichas aulas, informe de las actuaciones que ha llevado su Departamento para corregir las deficiencias detectadas y que permitan la reapertura y explique cómo se aplica en Aragón la Disposición adicional tercera del Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero.
En cuanto a Alejandro Nolasco, el diputado pide al titular de Despoblación que detalle qué elementos deberían entrar dentro de las especiales características y dimensiones de los centros educativos en áreas despobladas habida cuenta de que la Dirección General de Despoblación es competente en la emisión de los informes sobre el impacto de las disposiciones normativas en el medio rural que competan a este Departamento conforme al ordenamiento jurídico, cuando tengan incidencia en materia demográfica y poblacional e IU cree que el caso del cierre de la escuela la tiene.
Así, Sanz pregunta al consejero, además, por las actuaciones realizadas para facilitar la reapertura y por la capacidad de su Departamento para impulsar la aplicación de la citada disposición adicional.
Por último, hemos solicitado a Educación el informe desfavorable del Arquitecto-Jefe de la UTC del 16 de octubre de 2019 para tener toda la documentación sobre el caso que nos permita ejercer nuestra labor de oposición en el parlamento aragonés.