Artículo de Alberto Cubero publicado el 3 de abril de 2022 en Arainfo
La inflación se ha situado en el 9,8% interanual, es decir, que en el último año los precios han subido casi un 10% y la espiral alcista de momento no ha tocado techo. Mientras nos cuesta un 10% más vivir, la clase trabajadora no ha visto subir sus salarios en la misma proporción. En febrero, la media de subida de los convenios ha sido del 2,5% de los convenios renovados, pues gran parte siguen atascados debido a que la patronal se resiste a aceptar subidas salariales significativas. Sin olvidar el millón y medio de trabajadores sin convenio colectivo. La pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora se produce en el contexto de un país donde ya de por sí los salarios están enormemente devaluados y progresivamente han ido perdiendo peso en la renta nacional en favor de las rentas del capital. No es lo mismo perder poder adquisitivo cuando se tiene una posición económica holgada que cuando ya se llega muy justo a final de mes, y esta última, es la situación de buena parte de la población. No debemos olvidar que la mitad de los asalariados cobran por debajo de 20.000 euros, lo que da muestras de los raquíticos que son los sueldos en España en comparación con el coste de la vida.
Ahora bien, esta situación precaria de los trabajadores contrasta con la enorme bonanza del gran capital. En 2021, las empresas del Ibex 35 tuvieron unos beneficios de 58.500 millones de euros, el equivalente a 2,5 millones de salarios medios. Los cinco grandes bancos ganaron 20.000 millones y las eléctricas tuvieron un beneficio de 6.500 millones. Beneficios récord que sirvieron para que los directivos del Ibex incrementaran sus ingresos en un 20%, 13 veces más de lo que subieron los convenios el mismo año (1,5%).
Por eso la clase trabajadora debería echarse la mano a la cartera cuando oye hablar de pacto de rentas, pues no es más que un eufemismo para exigirles apretarse el cinturón mientras las grandes empresas mantienen sus enormes beneficios. ¿Podemos hablar de pacto de rentas cuando un trabajador medio paga un 30% de IRPF y una gran empresa paga un 5% de impuesto de sociedades? ¿Dónde quedó ese compromiso de establecer al menos un mínimo del 15% en el impuesto que se paga por los beneficios empresariales? Recordemos que el pacto PSOE-UP recogía en su punto 10.2 “una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos”. A estas alturas de legislatura muy iluso hay que ser para pensar que el PSOE va a cumplir con el acuerdo de gobierno.
Durante la pandemia, mientras el Estado se endeudaba, la clase trabajadora perdía ingresos y las pymes sufrían por sobrevivir, hubo empresas que obtuvieron beneficios récord sin que el Gobierno tuviera la valentía para establecer un impuesto extraordinario a las grandes rentas y a los beneficios empresariales que al menos redistribuyera un poco los costes de los efectos de la pandemia. De la misma manera, mientras la elevada inflación se come los pequeños salarios de los trabajadores y asfixia a autónomos y pequeñas empresas, hay grandes empresas que obtienen pingües beneficios como sería el caso del oligopolio eléctrico. Recordemos el punto 3.2 del acuerdo PSOE-UP donde se establece que “Realizaremos los cambios normativos necesarios en relación con el funcionamiento del mercado eléctrico para acabar con la sobrerretribución (conocida como beneficios caídos del cielo)”. Bien, pues a día de hoy y a pesar de haberse duplicado la factura de la luz de hogares y empresas, los beneficios caídos del cielo gozan de una excelente salud y no solamente no se ha acabado con ellos o no se ha aprobado un impuesto especial que los grave, sino que son más elevados que nunca.
La izquierda no podemos seguir a la defensiva, mientras el PSOE impone su agenda neoliberal alegando “que no es el momento” para aplicar cualquier tipo de medida del acuerdo de gobierno que pueda perjudicar mínimamente al poder económico, porque mientras, la extrema derecha no deja de subir en las encuestas tratando de capitalizar un descontento social que es real y creciente.
No podemos seguir contemporizando con el PSOE, debemos pasar a la ofensiva y exigir el cumplimiento del acuerdo de Gobierno, especialmente en aquellas medidas que más costó arrancar en la negociación. Es el momento de exigir una reforma fiscal progresiva que establezca un mínimo del 15% en el impuesto de sociedades y que cree un impuesto especial a los beneficios caídos del cielo, y otro a la banca para que comiencen a devolver los 60.000 millones del rescate bancario. La vivienda no puede seguir siendo una mercancía con la que especular sino un derecho garantizado por ley y para ello se debe imponer un fuerte impuesto a la vivienda vacía y regular su precio de manera definitiva y perpetua, no estando con la espada de Damocles permanente de si se prorrogarán las medidas sociales.
Sin olvidar la necesidad de regular numerosos sectores productivos desregulados y uberizados. Las protestas del sector del transporte, de la agricultura y ganadería son síntomas de que es necesario proteger a los asalariados, autónomos y pymes de aquellos sectores donde las grandes empresas imponen condiciones de trabajo draconianas para obtener beneficios extraordinarios. Debe garantizarse el cumplimiento de la recién aprobada Ley de Cadena Alimentaria que impide vender por debajo del coste de producción y debe igualmente, regularse la contratación de servicios de transporte en el mismo sentido limitando además la subcontratación.
No podemos estar sordos ante el malestar social provocado por el incremento de los precios y no podemos conformarnos con soluciones basadas en regar de dinero público a las empresas, sin cambios en la regulación de unos sectores controlados por esas mismas grandes empresas que luego obtienen beneficios millonarios. Tengamos claro que el pacto de rentas no es más que una cortina de humo que trata de ocultar y neutralizar la lucha de clases que siempre existe y que en estos momentos el gran capital nos está ganando por goleada. Debemos por tanto confrontar con los intereses de las grandes empresas, especialmente de la banca y de las empresas energéticas, defendiendo medidas en favor de la mayoría social que cada vez tiene una situación material más precaria.
El objetivo del pacto de rentas no es solo apretarnos el cinturón, también hacerlo con nuestro silencio y acuerdo, con nuestra renuncia incluso al cumplimiento del acuerdo de gobierno. Un acuerdo que se queda corto ante esta dramática situación, un 3.5% de subida del SMI parecía un avance, pero ante un 10% de inflación sigue siendo un 6.5% de pérdida de poder adquisitivo para quien ya de por sí cobra lo mínimo. Ante su pacto de rentas debemos anteponer nuestra lucha de clases, solo desde la movilización y el conflicto se logrará cumplir el acuerdo de gobierno y las medidas necesarias para evitar esta senda de empobrecimiento generalizado.