Adolfo Barrena, Luis Ángel Romero y Amor Pascual han convocado hoy rueda de prensa para denunciar públicamente la opacidad del Gobierno de Aragón tras responder a su grupo parlamentario a una petición de documentación que no puede facilitarle el acuerdo económico suscrito entre la Ciudad del Motor de Aragón y Dorna Sport para organizar el mundial de Moto GP en Motorland por regir sobre él una cláusula de confidencialidad.
El portavoz de IU en las Cortes, Adolfo Barrena, ha explicado hoy en rueda de prensa que el pasado 3 de noviembre recibieron la respuesta del consejero de Economía, Francisco Bono, a una pregunta “en la que solicitábamos copia del acuerdo” y en la que el consejero alegaba que “los contratantes convienen mantener la confidencialidad en relación con los aspectos económicos del contrato y que ninguno de ellos facilitará a una tercera parte información sobre dichos aspectos sin el previo consentimiento por escrito de la otra parte”.
La Ciudad del Motor es una empresa 100%, cuenta con una participación del 60% del Gobierno de Aragón y del 20 %, respectivamente, del Ayuntamiento de Alcañiz y de la Diputación Provincial de Teruel.
“La ley de contratos del sector público prohíbe las cláusulas de confidencialidad” ha señalado Barrena, quien ha anunciado que la respuesta del consejero es inadmisible y por este motivo “vamos a defender la legalidad, en primer lugar, solicitando de nuevo la información”.
“Si no nos aclara el acuerdo económico, -ha continuado Barrena- elevaremos una queja al presidente de las Cortes de Aragón, José Ángel Biel, porque el presidente debe amparar a todos los diputados para poder desarrollar nuestro trabajo en condiciones óptimas” y éste –ha reivindicado- “es un proyecto importante, con una inversión pública alta y es necesario que haya una fiscalización del proyecto porque todo el dinero que se invierte allí se deja de invertir en el resto de municipios de la provincia”.
“Esto es muy serio porque Motorland es importantísimo para el Bajo Aragón y la provincia de Teruel y su objetivo es asegurar el funcionamiento adecuado, que se hagan las cosas bien porque si se empeñan en hacerlas mal, esto acabará mal”, ha dicho y ha asegurado que IU no quiere “que acabe mal una cosa en la que se han invertido, o con previsión de invertir, casi 90 millones de euros y que genera 38 puestos de trabajo, además de que posee un déficit en la cuenta de explotación de 2,5 millones de euros”.
Amor Pascual, concejal de IU en Alcañiz y diputada provincial en Teruel, recordó que en el periodo en que ella ha sido alcaldesa de Alcañiz (2007-2011) se cambió la configuración del Consejo de Administración, dejando de ocupar ella la vicepresidencia que ocupaba el anterior alcalde, del PP, a una vocalía, mientras que ahora que vuelve a gobernar el PP el alcalde ocupa de nuevo la vicepresidencia. Amor Pascual ha explicado que “la decisión se adoptó tras la victoria electoral de IU en Alcañiz argumentando que así era más fácil y efectivo poder trabajar desde Zaragoza las tres personas que ocupaban la vicepresidencia, Arturo Aliaga, la presidencia, José Ángel Biel, y el consejero delegado, el director gerente del Instituto Aragonés de Fomento (IAF), Antonio Gasión”. “Sin embargo, – ha continuado- ahora la vicepresidencia la ocupa de nuevo el nuevo alcalde diciendo que él sí que va a trabajar por Motorland y que en él si confían dando un argumento diferente ahora que hace cuatro años por lo que está muy feo mentir”.
A su entender, “resulta más que sospechosa la insistencia que se ha tenido estos años de que IU no formara parte o minimizar su presencia o acceso a la información”.
Luis Ángel Romero, el diputado de IU en las Cortes por Teruel, ha insistido en que su formación política va poner mucho de su tiempo en este asunto “porque los ciudadanos están pidiendo instituciones transparentes y que la ética y la honradez se manifiesten todos los días, pero parece que el camino del nuevo Gobierno es el mismo que el del anterior y no va en la línea de la transparencia y de la ética”.
Romero ha explicado que su grupo parlamentario ha solicitado ya la comparecencia del consejero de Economía, Francisco Bono, para que informe al respecto, que presentarán una queja ante el Justicia de Aragón y enviarán el expediente a la Cámara de Cuentas de Aragón, cuyo cometido es •fiscalizar, controlar y auditar las cuentas de las Administraciones públicas para que valoren si es necesaria su intervención”.
En este sentido, IU no descarta y se reserva poder ejercer las acciones legales pertinentes con el objetivo de tener la información porque “entendemos la política como servicio público, donde debe primar la ética y la transparencia y no entendemos que un contrato tan importante sea privado y fuera del alcance de esta Cámara”, ha concluido.