La importancia del Departamento de Presidencia y Relaciones institucionales no se sustenta en el peso económico y presupuestario relativo (3,5 %), sino por la labor que se desempeña entre los diferentes Departamentos, la coordinación con otros entes administrativos y territoriales o, como estos años pasados, las cuestiones relativas a la protección civil. Cuestiones que son vitales.

En términos netamente presupuestarios, solamente se incrementa el 1,48 %, unos importes que se deben al aumento de los salarios del personal del Departamento y a las inversiones contempladas en el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) y que vienen financiadas de los fondos de la Administración General del Estado. Esta es una tendencia que hemos constatado en el conjunto de los Departamentos. “Los presupuestos se califican de expansivos y dicen que son los segundos mayores de la historia, pero esto es debido a los esfuerzos de otras administraciones, ¿qué pasará cuando no estén estas ayudas externas o haya que compensarlas?, ha preguntado Sanz a la consejera Mayte Pérez.

“Nos preocupa –ha continuado- cuál será el horizonte que se marquen entonces y habrá que ver su tendremos, o no, los deberes hechos para tener fortalecida la red de servicios públicos”.

Es verdad que las inversiones en la Dirección General de Justiciase incrementan casi el 15% o en Interior y Protección Civil, que sube 398.000 €. Según Sanz, esto sí se hace con recursos propios, pero el resto del presupuesto es muy continuista y conservador, aporta pocas novedades.

En cuanto a la financiación municipal, Sanz ha recordado que sigue pendiente de enmiendas y aprobación definitiva de la Ley Reguladora del Fondo Aragonés de Financiación Municipal. En el borrador vemos que mantienen los 21 millones de euros del año pasado pero nuestra duda es qué pasará si se aprueba la ley y por eso Sanz ha preguntado si están considerados los incrementos que fijará la ley.

Las administraciones comarcales sufren una minoración en las transferencias corrientes a pesar de ser quienes prestan los Servicios Sociales y otros que dinamizan la actividad social y cultural en los municipios más pequeños. Esta rebaja afectará a los gastos de funcionamiento, como el personal que sube con los años y que está sujeto a revisiones.

Este fondo de cohesión comarcal en el artículo 47 de la ley de presupuestos del 2021, como novedad y consecuencia de la crisis sanitaria y económica ocasionada por la Covid-19 dice que las comarcas deben destinar como mínimo el 1,7% para ayudas de urgente necesidad, aunque aún no ha terminado el ejercicio. Sanz ha preguntado a Pérez por el grado de cumplimiento y la opinión de las Comarcas.

En IU, hemos comprobado esta condición en el nuevo articulado y vemos que sigue exigiéndose estas ayudas de urgente necesidad, lo que nos parece oportuno ya que todavía hay condiciones de emergencia social por todo el territorio que lo justifica.

Lo cierto es que las transferencias, tanto corrientes como de capital a las entidades locales, del conjunto de los Departamentos del Gobierno de Aragón suben un 8%, pero como ocurría con las inversiones y las transferencias de capital en la mayoría de las políticas, son provenientes de la Administración General del Estado y de la UE, concretamente casi 31 millones del incremento proceden de estas instituciones.

Este dato, ha dicho Sanz, es muy relevante, ya que dejan a la Administración autonómica como una mera gestora y transmisora de fondos, con poco margen para las políticas propias y, lo que es más preocupante, con una difícil situación en el momento en el que estos fondos, derivados de unas políticas expansivas desaparezcan y vuelvan a la senda de la mal entendida austeridad.

Sobre justicia, ya el año pasado hablamos del posible incremento de la litigiosidad en el ámbito de la Violencia de Género, de lo social y de lo contencioso administrativo como consecuencia de los efectos sociales y económicos de esta pandemia y las medidas adoptadas por las administraciones desde la primera declaración del estado de alarma. Por ello, Sanz ha pedido a la consejera si está preparado el sistema para afrontar el trabajo que puede venir y si hay recursos suficientes.

En estos presupuestos se mantiene la transferencia del Plan de Mediación y el Servicio de  Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria y se ha incrementado la de los colegios profesionales y la de los Convenios para formación Asistencia a  Víctimas de Violencia de Género. También hemos comprobado con agrado que el programa de apoyo y acogida a defensores de derechos humanos de Colombia y el Sahara que apuestan por una cultura de la paz y que buscan soluciones negociadas y políticas frente a las opciones militares, se ha mantenido en los términos de la enmienda que presentamos el ejercicio pasado.

En cuanto a la futura la ley de emergencias y protección civil, Sanz ha reclamado que cambie en el paso que hay entre el anteproyecto y el proyecto, ya que lejos de desarrollar e implementar de la ley del fuego, lo que se pretende es anularla y reducir las condiciones de prestación del servicio público.

IAM

Más allá de recursos como la compra de inmuebles para los tres centros de atención 24 horas a víctimas violencia sexual y que plantea y paga el Plan España Te Protege y la introducción de la de 200.000 € para equipamiento de casas de acogida, que ha sido largamente demandada, se trata de un presupuesto continuista.  

No aparece nada en la memoria referido a los conciertos para atención integral a víctimas de explotación sexual que nos fue aprobado, vía enmienda, el año pasado, ni lo referido al impulso de las cooperativas de empleadas de hogar. Dos cuestiones que para Izquierda Unida eran muy importantes.

Cabe destacar que, desde 2020, el IAM ha presupuestado 1.872.699 euros en estudios y trabajos técnicos, sin embargo, no sabemos nada de sus resultados ni de su aplicación en las políticas desarrolladas. “Suponemos que estarán en el centro de documentación que, a pesar de tener la mayor dotación que tiene el IAM, sigue manteniendo desde 2020, 500 euros para libros y publicaciones, suficiente para una sede física pero quizás poco útil para nuestra comunidad”, ha lamentado Sanz.

CARTV

La cifra para la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión no ha variado en los últimos años y se mantiene en un importe de 50 millones de euros. Sanz ha reiterado nuestro rechazo a su modelo basado en externalizaciones y no en una mayor gestión directa, pública y democrática. La CARTV tiene un presupuesto de explotación de 53,8 millones, es decir, que prácticamente la totalidad de los gastos se cubren con los fondos públicos, “por lo que los principios de interés público debieran regir su trabajo”, ha apuntado Sanz, para preguntar a Pérez por el nuevo contrato programa.

Igualmente, gran parte de los trabajos de la Corporación están externalizados, alrededor del 45%. “Es por ello nuestra insistencia en la adopción de medidas sociales en los pliegos, por no incidir en la necesidad de superar el régimen casi de monopolio en que se trabajan los contenidos, que ya lo hemos abordado en otros foros, pero sí que me gustaría que nos dijese si están reflexionando sobre ello”, ha concluido.