No hemos apoyado la convalidación del Decreto-Ley por el que el se autoriza la tramitación de una subvención de 4 millones de euros a favor de Opel España sin exigirle garantía alguna de mantener el empleo, que se ha debatido esta mañana en el Pleno de las Cortes de Aragón.
Nuestro Coordinador y portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, ha explicado nuestra posición argumentando nuestro voto en contra a la aprobación de una ayuda directa a dedo a una multinacional para soportar las inversiones privadas con fondos públicos. Este fue precisamente uno de los motivos para que, ya en julio de 2020, mes y medio después de haber rubricado la EARSE, votáramos en contra del Decreto Ley 4/2021 de aplicación y desarrollo de la misma y nos sintiéramos expulsados del acuerdo. Entendíamos que una multinacional tenía mayor capacidad para resistir, en unos momentos en los que había sectores y empresas de pequeño y mediano tamaño que lo estaban pasando mal, ha aseverado Sanz desde la tribuna.
Asimismo, cabe recordar que rechazamos la convalidación del Decreto-Ley 11/2020 que amoldaba las ayudas establecidas para que las recibiera el proveedor de la multinacional, eludiendo así que se pudieran considerar ayudas de Estado. Otro de los elementos que nos llevaron a rechazar aquel Decreto Ley 4/2020, fue la eliminación del requisito del mantenimiento del empleo para las empresas que reciban fondos públicos, como así lo expusimos repetidamente en la mesa de la EARSE.
Defendemos que las ayudas públicas tengan que ser condicionadas al empleo decente, por ello, condicionamos el acuerdo para la aprobación de los presupuestos de 2021 a la inclusión de esta consideración en el articulado de la ley para este año. El artículo 5 que hoy el cuatripartito incumple.
No podemos ser cómplices de que bajo el argumento de apoyar la creación del empleo, se dé una ayuda a una empresa que no mantiene el empleo y que se está ahondando en la precarización de los mismos.
La administración no puede amparar la precariedad laboral y las empresas tractoras no pueden ser responsables del despido de casi 200 personas que trabajaban la logística en la propia planta de la multinacional, a pesar de llevar 5 años con los salarios congelados, ha denunciado Sanz en referencia a la plantilla de IDL y la declaración institucional de apoyo que aprobó las Cortes de Aragón.
Además, esta subvención de 4 millones no estaba contemplada en el presupuesto que apoyamos, no se da en condiciones de concurrencia competitiva y, bajo nuestro punto de vista no es “extraordinaria y de urgente necesidad”como dice el cuatripartito; más bien es de naturaleza coyuntural, puesto que este mismo importe y bajo circunstancias similares, se otorgó en 2019 y en 2020 a esta misma empresa.
Nos encontramos con un mecanismo extraordinario entre las fórmulas establecidas para el otorgamiento y justificación excepcional de ayudas, con una justificación reducida y laxa, sin poner encima de la mesa ninguna contraprestación por la vía del empleo o condición de permanencia y este decreto-ley exonera a la empresa de mantener los puestos de trabajo.