Estamos absolutamente “en desacuerdo” con la Ley de Simplificación impulsada por el cuatripartito aragonés. Nuestro portavoz en las Cortes, Álvaro Sanz, ha comparecido hoy en rueda de prensa para explicar nuestra posición en cuanto a esta norma que ha sido tramitada de forma “exprés”. Para Sanz, “no es la manera de hacer un trabajo legislativo riguroso, más aún cuando, de rondón y como es el caso, se aprovecha para introducir reformas sustanciales en hasta 13 leyes de nuestra Comunidad más otras dos normas, vía enmienda”. Cabe recordar que hasta la Dirección General de servicios jurídicos de la DGA advirtió de esto en su informe.
Nos preocupa profundamente la “inseguridad” que arroja el texto, que se aprobará mañana en el Pleno, cuando se trataba de legislar para dar respuesta a las necesidades de agilizar la gestión de los fondos europeos del Plan de reactivación y simplificar los trámites administrativos necesarios para su correcta absorción y gestión. Presentamos 134 enmiendas para evitar conciertos y privatizaciones y defender los intereses de la mayoría social pero sólo se han aceptado 6 y otras 16 transaccionadas. Mañana votaremos en contra.
Sanz ha aseverado que “el mayor de los problemas que presenta esta ley es el punto de partida desde el que está construida”. Un fundamento que el presidente de Aragón, Javier Lambán, resumía durante el último debate parlamentario con nuestro portavoz afirmando que “mucho Estado es sinónimo de ineficiencia económica y, a la larga, de pobreza y de desigualdad también”.
No estamos de acuerdo con esta afirmación y con una ley que “entiende como un problema la función de control y autorización previa desplegada por la función pública para garantizar unos estándares de seguridad para el interés general”. En este sentido, Sanz ha preguntado a los grupos de la izquierda que conforman el cuatripartito, a CHA y a Podemos, si comparten esta premisa, “porque en ella se fundamenta todo el texto, empezando por la exposición de motivos que estigmatiza las funciones de control y autorización previa llamándolas rémora o aduciendo que son fruto de resistencias ideológicas”.
“No hay nada más neoliberal que considerar todo mecanismo público de control previo un obstáculo para la actividad privada económica, que es lo único que persigue esta ley”, ha denunciado.
Sí que estamos de acuerdo con la necesidad de acabar los trámites administrativos farragosos pero “con esta norma se llega incluso a no pedir a quien quiere empezar una actividad ni siquiera la documentación que soporta la Declaración responsable”.
“Lo más lamentable –ha continuado Sanz- es que en el pensamiento estratégico del cuatripartito en materia de simplificación no está en acabar con los problemas burocráticos para satisfacer derechos sociales sino que pone una alfombra roja para la actividad económica sin control alguno mientras se perpetúa la situación de maltrato institucional para los sectores más vulnerables”.
Tampoco compartimos el hecho de que no contestar en tiempo suponga automáticamente la conformidad de la documentación presentada. “Esto es una irresponsabilidad, sobre todo, sino hay un refuerzo de los medios humanos y si, además, no hay un compromiso para tratar de garantizar siempre una respuesta a los y las administradas, reduciendo los casos en los que se produce el silencio administrativo”, ha señalado.
Externalizar la función pública
La introducción en la ley de la figura de Entidades Colaboradoras de Certificación es, para Sanz, “lo más grave”. El motivo es que no “está claro” si estas “entidades colaboradoras” van a ser un recurso de los administrados, para que recurran a ellas para obtener un label de calidad en sus propósitos de forma voluntaria, o van a acabar siendo un soporte de la administración que externaliza en ellas, es decir, “privatiza” funciones que son exclusivas de la función pública y lo hace, además, en régimen de competencia, sin regulación de precios ni imposición de tasas.
Por el contrario, abogamos por agilizar la Administración reforzando la función pública y mejorando su funcionamiento.
Otro de los elementos que más “nos ha asombrado” de este proyecto de ley es que no se haga una sola referencia a la mejora de los recursos humanos y materiales necesarios para esta cuestión. “El éxito de esta ley y del reto inmediato que implica la gestión de los fondos europeos va a depender mucho de la implicación de los y las funcionarios y funcionarias, y el Gobierno no lo contempla debidamente”, ha asegurado Sanz.
Por último, advertimos que esta ley supone “desregular” pero, además, “sin un horizonte claro que va a necesitar de más reformas”. La primera de ellas dentro de 6 meses. “Nos preocupa esta deriva en la que entramos, en un momento en el que deberíamos fortalecer los servicios públicos, garantizar la protección social y reforzar el enfoque ecológico de la actividad productiva”, ha concluido.