No apoyaremos el proyecto de ley de simplificación administrativa, cuya tramitación ha comenzado en las Cortes de Aragón porque, pese a coincidir en su necesidad, “no compartimos el enfoque elegido por el cuatripartito”.
“Estamos preocupados porque, tal y como la han presentado, la norma puede acabar en la desregulación, también por la inseguridad jurídica que pueda arrojar, la potencial privatización, la omisión de debates profundos como la reforma de la ley de función pública o los pasos hacia cambios estructurales sin reflexión previa, que no son el camino adecuado para garantizar una administración del siglo XXI”, ha advertido nuestro portavoz en parlamentario, Álvaro Sanz, en rueda de prensa.
El diputado ha criticado este proyecto de ley porque “profundiza en la idea de culpabilizar a los mecanismos de control previo de la Administración pública” y ha negado que este control previo se base en la “desconfianza” ni que obedezca a “resistencias dictadas ideológicamente”.
“Si era necesaria más agilidad para la gestión de los Fondos Europeos, –ha continuado- abordemos ese debate de forma extraordinaria y avancemos en ese sentido, pero no cambiemos estructuralmente hasta 14 normas, sin el debate previo necesario y sin el concurso de las personas implicadas porque, de lo contrario, podemos estar cometiendo un error que puede no sólo llevarnos a fracasar con esta reforma sino a males mayores por las afecciones que potencialmente pudiera tener en el medio ambiente, en acceso a derechos fundamentales, laborales, etc.”.
Tampoco da respuesta esta norma a una mayor agilidad, proactividad, cercanía y transversalidad requeridas tanto para cuestiones económicas para la puesta en marcha de la actividad productiva como para temas sociales. En este sentido, Sanz ha reprochado al Gobierno que se hable muy poco de los problemas de acceso a derechos de los colectivos más vulnerables (servicios sociales, vivienda, educación, sanidad….) cuando se deberían generar mecanismos transversales perdurables en el tiempo desde una actitud proactiva para solucionar los problemas vitales de la ciudadanía. “Esta ley de simplificación no habla de evitar que la administración sea un muro y no va a dar respuesta a cuestiones como la superación del maltrato institucional que viven los colectivos más vulnerables”, ha aseverado.
Asimismo, preocupa que esta norma no sirva para la superación de la brecha digital sino que la agrande y el trasfondo de la utilización de los datos que se va a generar.
En su opinión, el proyecto de ley generaliza el uso de la declaración responsable que no compartimos, arroja una indefinición “preocupante” sobre el silencio positivo, abre la puerta a la privatización de la función pública con las entidades de certificación externa y requiere una revisión del régimen de sanciones y tiempos de prescripción.
Sanz ha propuesto realizar una reflexión profunda sobre aspectos como el desarrollo de proyectos de producción de energía, a los que este proyecto de ley “pone la alfombra roja”, también en el caso de la ganadería intensiva. También el diputado destacado que “la formación de los empleados públicos será vital para simplificar la Administración, lo que tampoco está bien recogido”.
Tal y como está la norma, no podremos apoyarla y trabajaremos en el trámite de enmiendas para hacerla más acorde a las necesidad que creemos que tiene nuestra sociedad en lo económico y social y evitar esas cuestiones que puedan llevarnos a la externalización, concertación y privatización de actividades que sólo la administración pública, por su independencia, puede garantizar de forma correcta.