Nuestra portavoz en las Cortes de Aragón, Patricia Luquin, ha presentado esta mañana en rueda de prensa una Proposición no de Ley ante el abuso que estamos sufriendo por el aumento del precio de la energía eléctrica. Este miércoles se va a batir otro récord histórico, con un precio de 92 euros por megavatio/hora. “Mientras el 35% de los hogares prácticamente no puede poner la calefacción, las empresas del sector están demostrado que solo buscan su propio beneficio”, ha denunciado la diputada.
La iniciativa, que se llevará ante el Pleno del Parlamento, incluye siete puntos en los que proponemos rebajar el IVA del gas y la electricidad, actualmente en el 21%, aprobando un tipo reducido a nivel doméstico y reforzar las medidas sociales en el sector de la energía porque el Gobierno de Aragón debe de tomar medidas para defender los intereses de las y los ciudadanos y para ayudar a las familias con más necesidades ante el desorbitado aumento del precio de la luz, que va a ser en las facturas de hasta el 40%.
Luquin ha tachado de “pornográfico” los beneficios de 30.400 millones de euros que han tenido en los últimos cinco años las empresas energéticas. “Estas compañías son insaciables y están aprovechándose de una situación concreta cuando hay mayor demanda, una ola de frío en la que disparan las tarifas”, ha denunciado para reivindicar la aplicación del artículo 128.2 de la Constitución española, que dice que se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales especialmente en caso de monopolio y acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiera el interés general. Por ello, Luquin ha reiterado que “ha llegado el momento de hablar de la nacionalización del sector energético”.
Luquin, que ha reclamado al Ejecutivo PSOE-CHA que tome medidas contra el aumento del coste de la factura eléctrica y en defensa de los intereses de las familias, consumidores y usuarios de energía eléctrica, ha recordado que hay una ley contra la pobreza energética vigente y ha denunciado que España tiene, después Chipre y Malta, la energía más cara de toda Europa, porque “estamos sufriendo las decisiones políticas tomadas por los Gobiernos de España de PP y PSOE durante años y las famosas puertas giratorias”. En su opinión, el Gobierno de España tiene una doble responsabilidad porque “la liberalización solo está sirviendo para que se forren las empresas y porque ahora tienen que tomar decisiones para evitar la repercusión brutal que está teniendo la subida de la luz en los hogares”.
Así, en nuestra iniciativa pedimos la titularidad y gestión públicas de las infraestructuras de distribución eléctrica con la ampliación del bono social a nuevas modalidades y una nueva tarifa para las instituciones públicas; la actualización del plan Energético de Aragón 2013-2020, porque el actual se ha quedado obsoleto y es incumplible que consideran que se ha quedado “obsoleto e incumplible” y la elaboración de un nuevo Plan Energético Nacional acorde con las directrices europeas, que apueste por las energías limpias y reduzca el precio de la electricidad y que permita al Estado recuperar parte del sector eléctrico público perdido.
En este sentido, apostamos un cambio de modelo energético y un cambio en el marco legislativo que debe propiciar que la producción, distribución y comercialización de la electricidad estén al servicio de la ciudadanía y posean un carácter social para lo que recomendamos regular el sistema de suministros básicos del hogar, incluir mecanismos que primen el ahorro, penalizar el consumo ineficiente, garantizar que las tarifas no sean objeto de mercado, establecer precios sociales y promover una fiscalidad favorable para las familias con bajos ingresos económicos.