La charla coloquio ofrece nuestra visión de la actual crisis del sector agrario el 21 de febrero a las 19.00 horas en el espacio Cambiar de Monzón.
Las raíces de la crisis del campo hay que buscarlas en varias causas. En primer lugar, un sistema económico que busca la rentabilidad económica y la competitividad, primando la concentración y la economía de escala.
Venimos advirtiendo de los efectos las últimas reformas de la PAC, concebidas únicamente para ajustar el presupuesto comunitario y para complacer a los acuerdos de libre comercio que, además de a otros intereses (industrial, financiero, geopolítico…), favorecen a los mercaderes internacionales y al agronegocio exportador.
Otro factor económico estructural está en el reparto del valor añadido en la cadena alimentaria. Ya en 2011, la Comisión Europea publicaba que la distribución se llevaba el 51% de la tarta, mientras el sector agrícola obtenía el 21%, frente al 31% que le correspondía 15 años antes.
La situación no es coyuntural ni sobrevenida, y por eso hacen falta reformas profundas en las reglas del mercado y en las políticas agrarias que prioricen un modelo social y profesional de agroganadería.
Por ello, deberíamos replantear las políticas agrarias con criterios sociales y ambientales, garantizando rentas y costes de producción, basada en los principios de la soberanía alimentaria y con vocación de futuro en un contexto difícil de crisis ecosocial. No hay contradicción entre el mundo rural y el ecologismo si somos capaces de unir las luchas. Es necesario un pacto de Estado en defensa de la agricultura social y familiar.
En 2017, la ONU aprobó el Decenio para la Agricultura Familiar 2019-2028 como marco para que los países desarrollen políticas públicas e inversiones para favorecer la agricultura familiar y contribuir al logro de los ODS, que son especialmente importantes para la agricultura familiar.
Sin embargo, sabemos que los esfuerzos de estos años no son suficientes para desmantelar años de políticas de sabotaje social a nuestros territorios: debemos reclamar el compromiso de las administraciones de una forma transversal (fiscalidad, agricultura, medioambiente, consumo, comercio, economía…), para escuchar las voces de quienes tienen motivos para reclamar medidas que alivien la situación actual.