Artículo de Alberto Cubero publicado el 10 de julio de 2021 en Arainfo
El ministro Garzón tiene toda la razón en su diagnóstico sobre el consumo excesivo de carne, el consejo es acertado y con buena intención, pero de un gobierno se espera que además de dar consejos intervenga la economía para cambiar el modelo productivo, de lo contrario la vida de la gente seguirá siendo de miseria y los consejos se entenderán como reprimendas que sitúan la responsabilidad en lo individual y no en la estructura.
“Menos carne, más vida” es el lema de la campaña que ha lanzado el Ministerio de Consumo de Alberto Garzón y que tanta polvareda ha levantado, siendo criticada no sólo por los medios de comunicación y por la patronal cárnica sino también por importantes dirigentes del PSOE. La frase de Pedro Sánchez “Un chuletón al punto es imbatible” queda muy lejos de los grandes discursos sobre sostenibilidad que tanto gustan en Moncloa. Esta aparente contradicción tiene una explicación muy sencilla, una cosa son los discursos y otra aterrizar en consejos, ni siquiera en medidas concretas, que puedan afectar a los beneficios de grandes empresas.
Al coro de las críticas se ha sumado, como no podía ser de otra manera, el presidente de Aragón Javier Lambán, mostrando su apoyo a la gran industria cárnica. No podemos obviar que el Gobierno de Aragón ha apostado claramente por un modelo de industria cárnica intensiva basado en el oligopolio de la distribución, en la precariedad laboral y en la contaminación de los acuíferos con graves afecciones sobre la agricultura. Es llamativo, sin embargo, que sea Lamban quien niegue las afecciones a la salud de la carne cuando ahora mismo está siendo tratado de un cáncer de colón, el cual está relacionado precisamente con el consumo de carne roja.
Debería sorprendernos que una campaña del Ministerio de Consumo que se limita a reproducir las recomendaciones de todo tipo de organismos internacionales y nacionales haya generado semejante polémica. Sin embargo, lo cierto es que tampoco nos sorprende mucho teniendo en cuenta el enorme lobby de la industria cárnica en nuestro país. Y es que una cosa es que documentos oficiales que nadie se lee digan que hay que reducir el consumo de carne y otra muy diferente es que un Ministerio se atreva a lanzar una campaña pública con dicho mensaje.
No cabe duda que el excesivo consumo de carne afecta a la salud de las personas y del planeta. Según datos de Greenpeace, un 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial proceden directamente de la ganadería, y un 80% de la deforestación de la Amazonia se atribuye a la actividad ganadera.
En 2015, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, organismo dependiente de la OMS, publicó los resultados de una investigación que llegaba a la conclusión que la carne procesada es cancerígena y que la carne roja probablemente también lo sea. Una información que en su momento también generó una intensa polémica y el rechazo de la gran industria cárnica.
La producción intensiva de carne no sólo es la causante de deforestar la Amazonia sino que aquí mismo en Aragón contamina los acuíferos con los purines de sus macrogranjas, o explota salvajemente a los trabajadores en sus macromataderos sin respetar los derechos laborales y de salud laboral más elementales.
En Aragón bien conocemos la falsedad de que este tipo de industria intensiva respeta los estándares de calidad y bienestar animal o de que sirve para crear empleo y fijar población. La precariedad laboral en los macromataderos es salvaje y la contaminación en los acuíferos que generan los purines de las granjas limitan enormemente las opciones de desarrollo del territorio y afectan a la actividad agrícola.
Aragón es también ejemplo de los vínculos entre la gran industria cárnica y el poder político, pues la DGA ha apoyado todos los megaproyectos de granjas y mataderos llegando incluso a declararlos de interés autonómico. Una vez más, los poderes públicos más preocupados por servir los intereses del gran capital que por el impacto ambiental y social que genera. No podemos olvidarnos, por ejemplo, de cómo el brote de contagios de COVID en el macromatadero de Litera Meat puso de manifiesto las condiciones laborales del siglo XIX en las que está su plantilla y cómo la DGA protegió a la empresa.
Ahora bien, también es cierto que el Gobierno de España no debería limitarse a realizar recomendaciones sobre el consumo de carne, sino que debería ir mucho más allá y adoptar medidas que realmente redujeran el consumo y la producción de carne y sobre todo favorecerían una transición de un modelo industrial-intensivo a uno más extensivo, más sostenible, y con mayor capacidad de fijar población en el territorio. Se echan de menos por tanto medidas más exigentes con las condiciones de cría y sacrificio y también que rompan el oligopolio de la gran distribución. Unas medidas que no sólo favorecerían a los consumidores (mejor calidad de carne) y al planeta (menores emisiones de gases de efecto invernadero) sino que también supondrían un apoyo a la ganadería familiar extensiva que no puede competir con los precios de la ganadería intensiva pero que resulta mucho más sostenible social y medioambientalmente.
Tampoco podemos obviar el impacto que tienen los tratados de libre comercio de la UE con países de América Latina que han liberalizado la importación de carne y que por tanto están contribuyendo a la deforestación de la Amazonia. Necesitamos por tanto tomar medidas en nuestro país, pero también ser conscientes del impacto que nuestro consumo tiene en otras partes del planeta. España no debería importar un sólo kilo de carne de países extranjeros si bien los que dicen defender el empleo en el sector cárnico son precisamente los mismos que defienden los tratados de libre comercio que facilitan la importación de carne.
Ahora bien, que un Ministerio de Consumo establezca recomendaciones es pertinente y necesario y en este caso ha servido para poner sobre la agenda un tema de máxima importancia en la necesaria transición hacia una sociedad más sostenible. Pero los cambios estructurales no se producen únicamente a partir de cambios individuales, el lobby de la industria cárnica jamás seguirá el consejo de Garzón e intentará que el resto tampoco y tiene el poder para hacerlo, decidiendo que se produce, como se distribuye, incluso modificando nuestros hábitos de consumo y hasta nuestra cultura gastronómica a través de la publicidad y la cultura de masas. A ese enorme poder de la industria cárnica no podemos oponernos solo con consejos, hacen falta decisiones políticas que afecten directamente a la estructura económica. Mientras no ataquemos el oligopolio de la producción-distribución de carne, recomendar comer menos carne será algo más propio de un nutricionista o de una ONG conservacionista que de un Gobierno.
Porque un Gobierno que no interviene en la economía deja a sus ciudadanos indefensos y sumidos en la miseria ante la vorágine del capital y quien por ello vive una vida de mierda, no tiene el chichi para consejitos por muy buena intención que tengan y muy acertados que sean.