Hoy en las Cortes de Aragón ha salido adelante la Ley por la que se regula la prestación complementaria aragonesa del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y el Servicio Público Aragonés de Inclusión Social. No es la ley que queríamos pero mejora sustancialmente el decreto de partida que limitaba el acceso al IMV y posibilita una base para responder a las necesidades de nuestra población que no pueden seguir esperando. Por ello, hemos apoyado cuestiones importantes que transforman y mejoran el modelo y nos hemos abstenido en otras cuestiones como la formulación de las Ayudas de Integración Familiar o la definición de beneficiarios, manteniendo vivas 4 enmiendas que afectan a estas cuestiones en el proyecto de ley. De esta manera, seguimos manteniendo vivos debates esenciales que deberán ser abordados más pronto que tarde.
Para nosotros esta ley era la oportunidad para hacer lo que posibilitaba el IMV, mejorar la cobertura de ingresos a las personas que viven en nuestra Comunidad, tanto en lo referente a la cuantía como a la universalidad de llegar a todas las personas vulnerables y entendiendo a los colectivos específicos como colectivos que requieren de adaptaciones para evitar su exclusión por sus características, no colectivos específicos a los que cubrir.
Nos planteamos una ley de renta mínima aragonesa, basada en la experiencia de los colectivos de personas implicadas y que trasladaron sus propuestas para hacerla lo mejor posible, para recoger lo aprendido del IAI e ir más allá. Mantener la Comisión de Reclamaciones o la transparencia de los datos ha ido en este sentido.
La vocación del Gobierno de Aragón no ha sido abordar una Ley de renta mínima aragonesa sino una prestación complementaria con IMV que pueda dar cobertura hasta la implantación total del IMV. Por lo que va a ser importante y fundamental valorar y detectar las diferentes casuísticas que se quedan fuera para que en la futura ley queden plenamente integradas.
Gracias al debate con el Gobierno hemos conseguido superar el acceso que se limitaba al IMV para hacer una horquilla de acceso lineal según estructura y cuya base supone el 55% del SMI, más un 5% de Vivienda para las personas que pagan alquiler o hipoteca, que mejora el acceso básico del IAI de forma general y permite complementar el IMV en nuestra Comunidad. A final de año, en los Presupuestos, debemos valorar si es posible mejorar esa cuantía base que queda por debajo del IPREM.
Para nosotros ha sido fundamental el tema del acceso y, por ello, hemos mantenido viva la enmienda 17 que recoge una serie de deducciones. Porque entendemos que, en la conceptualización de la pobreza y de la exclusión, la renta es uno de los factores imprescindibles. Sin embargo, no se puede reducir solo a eso y creemos que ciertos ingresos como el de los mayores o el de los jóvenes en edad de independizarse son elementos a tener en cuenta para evitar distorsiones. Así que tendremos que evaluar el impacto negativo de esta situación respecto al actual IAI que lo contemplaba y encontrar la forma de corregirlo, porque sabemos que van a tener un impacto negativo.
Y por este tema de acceso que no es universal como el IAI para todos los mayores de 18 años en vulnerabilidad económica, sino que especifica condiciones y requisitos para colectivos concretos que no tienen cobertura de IMV, nos hemos abstenido en este artículo. Y es que identificar colectivos concretos implica que te puedas dejar colectivos y, en este sentido, hemos conseguido que se puedan incorporar reglamentariamente otros que se identifiquen, además de que dichos colectivos que no cumplen requisitos de IMV no deban solicitar este para acceder a la Prestación Aragonesa Complementaria (PAC).
También esperamos que el complemento que relaciona el acceso a servicios en el territorio se pueda considerar en el reglamento o cuando realmente abordemos una Ley de renta mínima autonómica. Y es que la revisión constante y la detección de la pobreza y de la exclusión es algo imprescindible por lo que esperamos mucho de la Comisión de Seguimiento y de su coordinación con la Comisión de Reclamaciones para facilitar esta función que hemos defendido.
Para el servicio público de inclusión hemos concretado la necesidad de identificar los recursos disponibles para hacerlo y garantizar que se pongan a disposición de este servicio, ya que solo con recursos humanos facilitados por los diferentes departamentos y administraciones involucradas será realmente posible hacerlo efectivo. También la participación de las personas en exclusión como sujetos protagonistas de sus procesos, posibilitando vías por las que puedan evaluar y proponer mejoras es algo que se ha recogido en la ley.
Lamentamos que el proceso de debate acelerado para llegar a este Pleno nos ha impedido abordar la AIF como se debiera, dejándola como esta y solo sustituyendo la incompatibilidad actual con el IAI para hacerla también incompatible con IMV y PAC, perdiendo la oportunidad que recogimos en la EARSE de poder ampliar cobertura a personas en riesgo de pobreza, orientarla específicamente a pobreza infantil y eliminar su incompatibilidad con los ingresos mínimos que es una demanda histórica y que deberemos seguir peleando para conseguir. Por eso hemos mantenido vivas nuestras enmiendas dirigidas este sentido.
Hemos conseguido que se admita el informe social para acreditar situaciones de exclusión que no se pueden hacer en ciertas situaciones de exclusión, con documentación. Estaremos muy atentas de como esto se concreta en el reglamento.
Reforzar los servicios sociales de base y comarcales para dar respuesta a la tramitación de la prestación, única vía de entrada aceptada, desarrollar realmente los procesos de inclusión, garantizar la agilidad de la tramitación y que el personal de Servicios Sociales pueda realmente hacer procesos de inclusión solo va a depender de la voluntad política y de dotar de los recursos necesarios para ello, recursos humanos y eliminación de burocracia inútil.
Y es que el reglamento va a ser muy relevante para ajustar lo que la ley indica de que en las prestaciones como el IMV es obligatorio la solicitud pero no la resolución definitiva para ser perceptor de la PAC. El ajuste entre ambas es algo fundamental para evitar retrasos y dificultades en las personas vulnerables, así como que los ingresos que se valoren sean los actuales para poder responder a la pobreza sobrevenida que en estos momentos de crisis sociosanitaria es fundamental.
Sabemos que la movilización social y las iniciativas que podamos hacer serán imprescindibles para que el reglamento que debe estar elaborado y aprobado en septiembre sea el que se ajuste a lo debatido en la ponencia.
Celebramos que se hagan compatibles los ingresos de IAI con los que se reciben por el carácter retroactivo del IMV y que por fin se haga una prestación transitoria hasta la reglamentación de la PAC que, aunque está lejos de lo que planteábamos que era recuperar el IAI de forma transitoria, es una necesidad imperiosa de que las personas desatendidas por la derogación del IAI puedan tener unos ingresos estables mínimos de subsistencia.
En IU vamos a seguir esta Ley muy de cerca en su desarrollo para que realmente garantice el espíritu con el que ha sido debatida y damos otro voto de confianza al Gobierno para que en su desarrollo y evaluación nos dote de la información con el fin de que la ley de renta mínima sea lo que al menos esperábamos para esta y cumpla ese papel de compatibilidad con el IMV, una prestación suelo nos permita a las Comunidades mejorar la cobertura en cuantía y acceso.
Además, agradecemos y ponemos en valor el trabajo de los colectivos que denuncian las carencias de esta ley y que se siguen manifestando por ello, ya que será gracias a ellos que se desarrolle su máximo potencial y detectemos las carencias y dificultades que habremos de abordar con mucha más profundidad en el desarrollo de la Ley de renta mínima aragonesa que necesita nuestra Comunidad.