Hemos presentado 12 enmiendas al proyecto de ley de venta local de productos agroalimentarios de Aragón del Gobierno de Aragón. “El texto es una declaración de intenciones y lo fundamental es el desarrollo de la misma”, ha señalado nuestra portavoz parlamentaria, Patricia Luquin, que lamenta que “no apuesta por un modelo social ni por la agricultura libre de transgénicos”. En este sentido, en una de nuestras enmiendas reclamamos que esta ley recoja expresamente la apuesta clara por un modelo social y sostenible de agricultura libre de transgénicos y el fomento de iniciativas encaminadas a una alimentación más sana para la sociedad, cuestión que tampoco refleja el proyecto de ley.
“También buscamos con nuestras enmiendas que se favorezca un enfoque de mercado territorial más amplio sin generar sin generar agravios entre productores primarios para acceder al mercado, dada la irregularidad, complejidad y diversidad del mapa comarcal aragonés”, explica la diputada.
En su opinión, “esta ley es importante para fijar población en el medio rural y para vertebrar el territorio”. El texto resulta contradictorio con la posibilidad del establecimiento de convenios con otras comunidades que indica el artículo 6 de esta ley y deja fuera a las producciones, sobre todo de las comarcas aragonesas que limitan con otras comunidades autónomas. Por ello, hemos presentado una enmienda para modificarlo.
Proponemos, además, que el Gobierno aragonés realice un estudio riguroso con la participación de organizaciones agrarias, organizaciones de consumidores y consumidoras, la universidad y personas expertas en la materia para facilitar la adaptación a la normativa en materia higiénico sanitaria a los pequeños y medianos productores/as. Y reclamamos también que se incluya en esta ley a las agrupaciones de consumidores, asociaciones sin ánimo de entre cuyos fines se encuentre el de favorecer o concertar compras entre agricultores y consumidores de productos agroalimentarios. Una enmienda con la que instamos a que se contemple, dentro del ámbito de esta ley, la venta directa a consumidores que agrupan sus pedidos.
Sobre los grupos de consumo, “también reclamamos que se incluya en la norma el contemplar a los grupos de consumo y su actual funcionamiento, la venta directa de cestas o venta de las mismas en su propia explotación y el domicilio del consumidor o de la agrupación de consumidores”, señala Luquin, que explica que esta propuesta surge de la propia realidad de la venta por reparto domiciliario u la compra colectiva de consumidores que agrupan sus pedidos.
En cuanto a los términos recogidos en la ley, demandamos que se incluya una aclaración sobre “Mercado Territorial” y propone que se incluya una definición: “aquel que incluye no sólo relaciones comerciales, sino que también el que hace referencia a las relaciones sociales, intercambio de conocimientos, construcción de convivencia y una relación directa entre personas que genera vínculos y construye identidad comunitaria (pueblo)”, “porque este término que aparece en la exposición de motivos no se desarrollan ni se nombran en el articulado del proyecto de ley”, apunta Luquin.
En definitiva, abogamos por un apoyo más contundente de las Administraciones públicas a los sectores agrícola y ganadero, para establecer un modelo social y de consumo que permita a los agricultores y ganaderos su desarrollo económico y humano. “Desde IU consideramos que el desarrollo de esta ley es fundamental para que la agricultura y la ganadería puedan administrar los recursos naturales para obtener alimentos sanos, de calidad y a precios razonables para la sociedad, manteniendo vivos nuestros pueblos y siendo fuente de trabajo en estos momentos de crisis”, asevera.
Por último, y en esta dirección, Luquin defiende la importancia para la economía aragonesa hacer “rentable y digno” el trabajo en el medio rural y critica las condiciones que establecen los grandes productores, distribuidores y cadenas de alimentación a las que reprocha “la interposición de condiciones de mercado cada vez más difíciles de cumplir por parte de los agricultores y ganaderos”. En nuestra opinión, “esta va en la dirección contraria, para posibilitar medidas que detengan el actual oligopolio en el sector por parte de las multinacionales”.