El Pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado por unanimidad nuestra proposición no de ley presentada para mejorar las condiciones de las residencias de mayores y de discapacidad en el Pleno celebrado esta tarde.
Una iniciativa que ha defendido nuestro Coordinador y portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, quien ha puesto de manifiesto la necesidad de sacar adelante estar propuesta ya que los criterios mínimos que deben reunir los centros residenciales están recogidos en una normativa “obsoleta”, que data de 1992. Además, en las Cortes de Aragón se llegó al consenso en torno a la necesidad de actualizarla, como aparece en el Dictamen de la Comisión especial de Estudio de los centros residenciales que aprobó el parlamento en 2021 y que se recoge en el Plan de Choque de la dependencia, que incluso dota de financiación específica para impulsarlo.
También hay que recordar que esta actualización requiere de un presupuesto destinado a ello porque implica mejoras en las ratios del personal cuidador y adecuar, por tanto, el precio de la plaza para cubrir los gastos de ésta y poder aplicar el modelo de atención centrado en la persona, así como aumentar las plazas públicas residenciales para evitar que la capacidad económica impida una atención de calidad a las personas dependientes.
La proposición ha contado con las enmiendas de los grupos que sustentan al Ejecutivo y ha quedado de esta manera:
Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a: Iniciar inmediatamente los trabajos para la modificación del Decreto 111/92, trasponiendo los acuerdos de mínimos recogidos en la Resolución de 28 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales que deberá estar aprobada a lo largo del próximo año. Y continuar trabajando para dotar en las leyes de presupuestos cuantías dirigidas a mejorar las condiciones de las residencias de mayores y de discapacidad mejorando el precio de las plazas y el número de las mismas.
Sanz ha mostrado su satisfacción por el apoyo unánime de la Cámara a la iniciativa porque redunda en mejorar el sistema público, de acceso universal y con servicios de calidad, centrado en las personas y que atienda las necesidades reales de quienes se ven abocadas a vivir en las mismas.
Además, tiene en cuenta el personal de atención directa, que está muy feminizado y tiene salarios por debajo del salario mínimo que hay que dignificar.