Las Cortes de Aragón han acordado, a iniciativa de Izquierda Unida y Podemos, instar al Gobierno de Aragón a que inste al de España a aprobar una ley estatal de vivienda que blinde la función social de la vivienda y asegure como un derecho subjetivo del ciudadano el cumplimiento efectivo y el respeto del derecho a una vivienda digna y adecuada recogido en el artículo 47 de la Constitución Española. Esto debe incluir el acceso a los suministros básicos dotando de herramientas básicas a Aragón para desplegar su competencia exclusiva en materia de vivienda, y siempre sin invadirla ni vulnerarla, que incluye la potestad legislativa, la potestad reglamentaria, la función ejecutiva y el establecimiento de políticas propias, garantizada por el artículo 148.1.3ª de la Constitución y el artículo 71.ª del Estatuto de Autonomía de Aragón.
La Comisión de Vertebración del Territorio ha aprobado esa tarde la proposición no de ley presentada por IU Aragón y Podemos y transaccionada en la que además se demanda la adopción de mecanismos que garanticen el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derecho a la vivienda contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Observación generales Nº4 y Nº7 del Comité DESC, y la Convención sobre los Derechos del Niño, así como las resoluciones y dictámenes del Comité DESC en materia de vivienda y garantizar su aplicación inmediata y vinculante en casos de desalojo forzoso sin alternativa habitacional.
Con esta iniciativa hemos logrado lanzar un mensaje desde Aragón para que se desarrollen “de forma urgente” herramientas “valientes” que den certidumbre a las familias. Y es que, “aunque el Gobierno español ya ha desarrollado medidas de urgencia, ahora es el momento de abordar reformas estructurales que den a la vivienda el estatus real de bien de primera necesidad, y no una inversión, tal y como mandata la Constitución Española”, concluye Sanz.