El Pleno de las Cortes de Aragón ha acordado reglamentar de forma urgente y transitoria la recuperación de la cobertura ofrecida hasta el 30 de junio por el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) hasta la implementación efectiva del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y de la aprobación de la Ley de la Prestación Aragonesa Complementaria al IMV y de su reglamentación tras aprobar la proposición no de ley presentada por nuestro grupo.
La iniciativa, que ha contado con el apoyo de toda la Cámara a excepción del grupo de Vox que la ha rechazo, se ha presentado en el marco de la aplicación del Decreto-Ley del Gobierno de Aragón por el que se regula la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital y el Servicio Público Aragonés de Inclusión Social y por el que se derogo el Ingreso Aragonés de Inserción. Para nuestro portavoz Álvaro Sanz, “esta medida precipitada ha llevado a que las familias vulnerables susceptibles de recibir el IAI ya no tengan acceso a ella que se suma al colapso de la seguridad social para tramitar de forma efectiva el IMV”.
Así, hay familias que por cuestiones administrativas no cuentan con una cobertura especifica de sus necesidades. “La situación en Aragón hace que haya personas que no pueden acceder al Ingreso Mínimo Vital, tampoco al Ingreso Aragonés de Inserción, porque se encuentra derogado, y tampoco a la prestación aragonesa complementaria al no estar habilitado el proceso para ello. Lo que está creando situaciones muy graves y con consecuencias a futuro muy importantes”, ha explicado Sanz durante la defensa de la iniciativa.
En su opinión, el IMV necesita tiempo para estar plenamente establecido, reglamentado e implementado y ha sido la prematura derogación del IAI, prestación que se contemplaba compatible en la ley del IMV, “la que ha generado la desprotección de la ciudadanía más vulnerable”.
En este contexto de pandemia donde se han agudizado las situaciones de precariedad, inestabilidad y vulnerabilidad, creemos imprescindible garantizar urgentemente un soporte como es la renta mínima autonómica que permita un marco de protección a las familias de la comunidad.
Según los últimos datos ofrecidos, el IMV está llegando a apenas un 1,5% de las personas que les corresponde por derecho y, además, no se ha llevado a cabo su desarrollo reglamentario que para Sanz, “es fundamental para su aplicación real y efectiva”.
“Es responsabilidad de todos y todas garantizar la cobertura de las personas más vulnerables posibilitando los marcos que garanticen su sostén y las personas vulnerables no pueden esperar los trámites administrativos para recibir la ayuda que necesitan. Se necesita de agilidad para responder a las necesidades de las familias que requieren la ayuda de manera inmediata y lo aprobado esta tarde va en esta dirección”, ha concluido.