Zaragoza, 7 de julio de 2021.- IU Aragón hemos estado hoy mostrando nuestro apoyo a las vecinas y vecinos de Ruesca en la mesa instalada a las puertas del Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón. La iniciativa popular ha querido así llevar hasta la capital aragonesa sus reivindicaciones frente al acuerdo del Gobierno de Aragón por el que se aprueba la expropiación en favor de la empresa Myta (Grupo Samca) antes de que mañana jueves tenga lugar la firma de las actas previas que habilita la ocupación de dos caminos públicos que serán expropiados.

Los y las vecinas denuncian que el Gobierno de Aragón haya aprobado con carácter urgente dicha expropiación de los caminos de uso público y fincas agrícolas en Ruesca a favor de una empresa privada y su proyecto de explotación minera. Critican que sus alegaciones no hayan sido tomadas en cuenta, ni siquiera respondidas.

“El Gobierno de Aragón no puede hablar de apoyo a la agricultura familiar y estar permitiendo que se resten explotaciones agrícolas por la zona, habiendo gente además con dificultad de acceder a los terrenos”, ha afirmado el Coordinador general y diputado en las Cortes, Álvaro Sanz.

Desde IU Aragón mostramos total rechazo a la actitud del Gobierno de Aragón con respecto a los y las vecinas rosquensas, cuyas demandas están siendo “ninguneadas” por el Ejecutivo aragonés. Las alegaciones presentadas, según la agrupación, “surgen cuando un interés público queda enfrentado a un interés privado”.

“Denunciamos que los terrenos a expropiar tienen naturaleza de dominio público, se trata de intereses productivos, como la agricultura, y de caminos que comunican pueblos, por lo que antes de expropiarse para tales fines deberían ser desafectados”, advierte Sanz.

Compartimos también con los y las afectadas de Ruesca el rechazo a una causa expropiatoria a través de un mecanismo de urgencia. El grupo ya trasladó en junio una solicitud de información al Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón para conocer las alegaciones presentadas, así como los informes y comunicaciones de la empresa beneficiaria y los informes y resoluciones del Gobierno de Aragón.

“IU Aragón presentamos una batería de preguntas donde, por supuesto, cuestionamos la aplicación de la urgencia con interés privado. Unas obras que llevan tanto tiempo encima de la mesa no pueden llevar un mecanismo de urgencia”, apunta Sanz.

La contestacion social lleva décadas actuando contra el proyecto de explotación minera de la mencionada empresa privada. Durante la legislatura 2011- 2015, IU Aragón ya pidió información en relación a diversas cuestiones sobre los impactos ambientales de la actividad extractiva.