Hemos solicitado a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf) que investigue si existe conflicto de intereses por parte del Gobierno de Aragón en relación con el proyecto de unión de las estaciones de esquí de Formigal y Astún por la Canal Roya.
Nuestro Coordinador general y candidato a la presidencia de Aragón, Álvaro Sanz, junto con la eurodiputada y portavoz de IU Federal, Sira Rego, han comparecido en rueda de prensa esta mañana en Zaragoza en la que han explicado porqué se presenta esta solicitud de investigación con la que esperan que la UE paralice el este proyecto como medida cautelar, ya que 26 de los 38 millones a los que asciende el coste de esta infraestructura serán sufragados por los fondos europeos Next Generation, destinados a la sostenibilidad turística y que se deben gestionar por las entidades locales. Sanz ha explicado que por este motivo fue la Diputación Provincial de Huesca la que los solicitó y en diciembre fueron adjudicados.
Sin embargo, en enero, el departamento de Economía del Gobierno de Aragón procede a la firma del convenio relativo a este proyecto con lo que pone de manifiesto que requiere de la participación de una sociedad privada, como es Aramón, cuya consejera es su presidenta al estar participada al 50% por el Gobierno de Aragón siendo, además, trabajadora en excedencia de Ibercaja, entidad que forma el otro 50% del holding de la nieve.
Sanz ha aseverado que el objetivo de esta nueva iniciativa es que este órgano de fiscalización, vinculado a la Comisión Europea, estudie la falta de transparencia y opacidad del Gobierno de Aragón en la gestión de este proyecto y que la OLAF lo audite al tratarse de fondos europeos.
Por su parte, la eurodiputada Sira Rego ha insistido en que lo principal, en estos momentos, es intentar frenar la conexión de Astún y Formigal por el valle de la Canal Roya porque es una zona de alto valor ambiental que debemos “proteger” y “preservar” y porque el proyecto va con claridad en contra del “patrón climático” y la “sostenibilidad”, cuestiones que centran la finalidad de estos fondos. Según los requisitos de la UE, este dinero está destinado a proyectos que fomentan la resiliencia y mitigan las consecuencias del cambio climático y este proyecto, según ha denunciado Rego, “no lo cumple”.
En su opinión, la “falta de transparencia y de rigor” en este proyecto es “palpable” y ha señalado que existe un “cruce de intereses” porque el departamento de Economía ha impulsado a través de la empresa Formigal S.A. que la unión de estaciones de esquí sea declarada como Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA), ha redactado un informe para contrarrestar el informe en contra del Departamento de Ordenación del Territorio del Gobierno de Aragón y es, asimismo, una de las más beligerante promotoras del proyecto. Esta es la razón que ha motivado la denuncia de IU ante la OLAF.
En cuanto a los plazos, desde la presentación de la denuncia ante la oficina antifraude, ésta tiene un plazo de 2 meses para estudiar si la admite a trámite y después el procedimiento habitual son 12 meses de investigación. Por este motivo, hemos pedido medidas cautelares para la paralización del proyecto y evitar el inicio de las posibles obras.