Este jueves trataremos de “convencer” al Gobierno de Aragón para que dé un giro en su posición respecto a la escuela de Caneto y realice cuantas acciones sean oportunas para garantizar el mantenimiento de la escolarización de los menores de la aldea de Caneto en su localidad, mientras se resuelven los problemas burocráticos que se han aducido para su cierre por parte del Departamento de Educación.
Para ello, nuestro Coordinador General y portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, presentará en el Pleno de las Cortes de Aragón una proposición no de ley que espera cuente con el apoyo de todos los grupo, incluidos los que sustentan al Gobierno porque el alumnado de esta escuela y sus familias necesitan que se les escuche y se lleven a cabo las medidas de forma urgente tras el cierre del aula a principios de noviembre y el rechazo al traslado de sus hijas e hijos al colegio de Tierrantona. Una posición que compartimos plenamente por el “peligro” que supone para los menores transitar hora y media al día por esas carreteras y porque creemos que tienen derecho a estudiar en el lugar en el que viven.
Sanz denuncia la actitud del Gobierno de Azcón y de su consejera de Educación, Claudia Pérez Forniñés, que “ha ignorado de forma consciente” la disposición adicional tercera del Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria. Un Real Decreto que señala en su artículo 3 sobre los Requisitos de instalaciones comunes a todos los centros, punto 4: “Los requisitos de instalaciones podrán flexibilizarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 y la disposición adicional tercera de este real decreto”. La Disposición Adicional Tercera, sobre Centros que atiendan a poblaciones de especiales características sociodemográficas, señala en su punto 3. “A los efectos previstos en esta disposición, las Administraciones educativas competentes adecuarán los requisitos previstos en los títulos II y III de este real decreto a las especiales características y dimensiones de estos centros”.
El Justicia de Aragón apeló al Gobierno para hacer uso de él ya que, como también compartimos, establece una vía legal para garantizar la escolarización del alumnado de Caneto en su municipio.
Por otro lado, la ley de Dinamización Rural en su artículo 52 sobre Garantía de accesibilidad a los servicios en el medio rural, señala en su punto 4. “La distribución de equipamientos y servicios básicos como los educativos, sanitarios y de servicios sociales, así como los equipamientos culturales, deportivos y de protección civil de carácter supramunicipal se realizará conforme lo dispuesto en la Estrategia de ordenación del territorio de Aragón, garantizando un tiempo máximo de acceso a los mismos de 30 minutos. Aquellos asentamientos que por sus condiciones geográficas no puedan alcanzar este tiempo de acceso serán objeto de medidas compensatorias”.
En este sentido, Sanz explica que las cuestiones que no permiten la legalización de la escuela de Caneto y que obtenga su ‘Código de Centro’ son cuestiones burocráticas, cree que hay otros asuntos que se podían haber subsanado sin necesidad de cerrar la escuela y hay otros puntos que no se pueden corregir porque forman parte de la realidad del mundo rural y para ello se estableció la Disposición Adicional Tercera. “Es cuestión de voluntad política porque la lucha contra la despoblación no puede quedarse en un papel, mantener nuestros pueblos vivos pasa porque cuenten con todos los servicios públicos que tenemos en la ciudad y la educación, además de un servicio público, es un derecho fundamental que el Gobierno no puede arrebatar”, concluye.