Izquierda Unida exige al Gobierno que retire el Anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración, “rebautizada” por IU como “Ley anti Ayuntamientos”, y hace un llamamiento a la movilización social en defensa de los pueblos y ciudades para que sean espacios de ejercicio democrático al servicio de los intereses de sus gentes y no de quienes quieren hacer negocio a costa de la calidad de vida y los derechos de los pueblos. Unas reivindicaciones que IU enmarca en la conmemoración del 34 aniversario de la constitución de los Ayuntamientos democráticos tras la dictadura, hoy 19 de abril.
Cabe recordar que el Gobierno central, mediante este anteproyecto de Ley, pretende ajustar la autonomía municipal a los principios de austeridad y recortes presupuestarios. Estos principios fueron consagrados por la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que desarrolla el artículo 135 de la Constitución Española, “un artículo modificado a espaldas de la ciudadanía, con el apoyo del PSOE, y priorizando el pago de la deuda a cualquier otro gasto y poniendo, en definitiva, el Gobierno al servicio de los mercados”, explica el Responsable de Política Municipal de IU Aragón, Pablo Muñoz.
“Bajo esa premisa económica –continua- se abordan soluciones de marcado sesgo ideológico y de claro corte neoliberal”. En su opinión, “se vuelve a utilizar la crisis como excusa para imponer una Ley injusta que va en contra de los intereses de la mayoría de la ciudadanía”. “Al mismo tiempo, -añade- este anteproyecto de ley ignora el principio de autonomía y el principio de subsidiariedad y se pasa por alto los derechos y las necesidades de la ciudadanía y los niveles de calidad, eficacia y eficiencia de los servicios que se prestan”.
Para Muñoz, con este anteproyecto de Ley, las alternativas para la mayoría de los Ayuntamientos serán las de suprimir servicios públicos o privatizarlos. “La democracia local, que con tantas dificultades se construyó por todos y todas, está en peligro por esta reforma de la Administración Local con la que el PP pretende vaciar la función social de los Ayuntamientos y privatizar los servicios básicos que aún quedan en manos públicas”, advierte.
En cuanto a las Diputaciones, Muñoz informa que con esta “Ley anti Ayuntamientos’, las Diputaciones asumirán la prestación de servicios de los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes si no atienden a un ‘coste estándar’ fijado por el ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que estará por debajo del coste real de los servicios. “Las consecuencias de esta reducción es la privatización y la pérdida de empleo municipal”, asevera para detallar que, en el caso de los pueblos de menos de 5.000 habitantes, “se abre la amenaza de la intervención, que hará desaparecer en la práctica su entidad como municipio”.
En su opinión, “la pérdida de la prestación de servicios supondrá, por tanto, un grave retroceso de la calidad democrática”. “En un momento donde la ciudadanía reclama mayor participación en la vida democrática, con este anteproyecto el PP mutila la participación y la capacidad de decisión sobre las políticas de proximidad que se desarrollan en los Ayuntamientos”, concluye.