Artículo de Álvaro Sanz publicado el 26 de noviembre de 2021 en El Periódico de Aragón
Estos días, de manera recurrente, está de actualidad esa misa en honor a Franco celebrada en la catedral de Granada a la que asistió Pablo Casado. Al hilo de ello hay un debate. La izquierda acusa a Casado de participar en un homenaje al dictador y la derecha dice que más grave que ir a una misa es pactar unos presupuestos con terroristas.
Hago un breve apunte para recordar a las gentes del PP que Bildu es un partido democrático que, con todo su derecho, está en el Congreso. Pero no es de esto de lo que quiero hablar. Vuelvo al tema de la misa y a mí, y pienso que a mucha más gente, lo que de verdad me preocupa es como pueden seguir celebrándose misas y homenajes públicos en honor a un dictador.
Memoria Democrática
Estos días estamos viviendo un fuerte debate sobre Memoria Democrática. Se produce por la presentación del proyecto de ley sobre el cual está trabajando el Gobierno PSOE-Unidas Podemos. Hablemos de Memoria para llegar al debate sobre las misas.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 39 del 12 de diciembre de 1946, declaró al Estado Español como fascista y, por lo tanto, ilegal. Desde el 8 de agosto de 1945, el Estatuto del tribunal de Nuremberg, los asesinatos, torturas y violación sistemática de derechos humanos que había cometido y que seguía cometiendo el franquismo (se fusiló gente hasta 1975), estaban definidos como crímenes de lesa humanidad, los cuales son crímenes imprescriptibles y debe asegurarse su persecución universal, por lo que no pueden ser obviados mediante leyes de amnistía o similares.
Todo ello se conocía, pero no fue obstáculo para que se promulgara la Ley de Amnistía en octubre de 1977. Un año antes de que se promulgara la vigente Constitución. La Ley de Amnistía, interesadamente, se convirtió en el eje central de la «reconciliación».
Excusa
Esa ley preconstitucional, se está invocando desde hace más de 40 años y es la que sirve de excusa para que el franquismo goce de impunidad absoluta en este país. En estos más de 40 años, los diferentes ejecutivos que hemos tenido invocan esa ley para argumentar que no pueden investigarse los crímenes y delitos del franquismo que, según los derechos humanos, son imprescriptibles y nunca debieron incluirse en una Ley de Amnistía.
Nuestro poder ejecutivo, con reiteración, invoca esa ley ante los organismos internacionales que piden expresamente a nuestro país que condene el franquismo, que juzgue sus crímenes, que repare a las víctimas su dignidad y que haga verdaderas políticas de Memoria, Verdad, Justicia y reparación.
En el poder legislativo la cuestión no va mejor. Esa ley ha superado todas las iniciativas parlamentarias para derogarla que se han intentado, siempre desde la izquierda del PSOE, en estos 43 años de democracia.
Lo del poder judicial es especialmente vergonzante. Con la justificación de la misma ley, la Audiencia Nacional no quiso saber nada de la querella presentada por varias asociaciones en 2007 por crímenes contra la humanidad en España entre 1936 y 1951, una querella que recogía 114.266 casos de violaciones de derechos humanos.
‘Caso Garzón’
El Tribunal Supremo invocó la Ley de Amnistía para cerrar la puerta en España a investigaciones judiciales con su sentencia del 27 de febrero de 2012 en relación con el llamado «caso Garzón», juez que acabó siendo inhabilitado por investigar los crímenes del franquismo.
Tenemos la vergonzosa situación creada por la negativa del poder judicial español a colaborar en la conocida como «querella argentina» y rechazando la extradición de reconocidos asesinos y torturadores. El cúmulo de despropósitos de nuestro poder judicial, se produce cuando el CGPJ afirma que «la exaltación y apología del franquismo está protegida por la libertad de expresión».
Así que, por mucho morbo y parafernalia mediática y tertuliana que genere la presencia de Casado en una misa, de lo que hay que hablar es de cómo en este país se cumplen los mínimos requisitos democráticos, se acaba con la impunidad del franquismo y se da respuesta a los requerimientos internacionales para que así se haga. Algo que, mientras no haya compromiso real y efectivo de los tres poderes que soportan un Estado democrático, será imposible. Dejémonos, por lo tanto, de hablar de las misas y entremos en lo serio, en lo urgente, en lo que esperamos quienes creemos que un sistema democrático no puede dejar sin condena los crímenes del franquismo, en lo que esperan miles y miles de personas abandonadas en fosas, barrancos y cunetas, de lo que esperan miles y miles de familiares de víctimas que reclaman justicia.
Golpe fascista
Hablemos, de verdad, de Memoria Democrática. Debe acabarse con esa historia que escribieron quienes vencieron en la guerra civil, que mentía sobre los motivos del golpe fascista, que engañaba sobre las consecuencias de la guerra, que manchaba los valores democráticos y los logros políticos y sociales alcanzados durante la Segunda República.
Para eso, y para reparar todo el daño que sufrieron las víctimas, para poder juzgar a quienes las asesinaron y torturaron y para saber la verdad, necesitamos que no haya excusas. Esperamos que la nueva Ley de Memoria Democrática avance en democracia y abra la puerta a lo que necesitamos, que no es otra cosa que Memoria, Verdad, Justicia, Reparación y Dignidad.