El Pleno de las Cortes de Aragón ha acordado instar al Gobierno aragonés a poner en marcha todas las medidas legales para asegurar el cumplimiento de los periodos de pago entre empresas y de manera especial los que tienen que efectuar las adjudicatarias de contratos públicos. Una medida propuesta por nuestro grupo parlamentario a través de una proposición no del ley con el objetivo de atender los problemas de morosidad que estrangulan a pymes y autónomos ante la falta de liquidez que argumentan las grandes empresas para “no pagar en tiempo y forma” por los productos o servicios prestados.

La iniciativa, que ha sido transaccionada con el PSOE que ha presentado una enmienda al punto 2, ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios a excepción del PP al punto 1, el voto favorable de todo el arco parlamentario a excepción de los grupos de PP y VOX, y el rechazo al punto 3 que solo ha contado con el apoyo de CHA y Podemos.

Tras el debate, ha logrado sacar adelante los dos primeros y el texto acordado ha quedado de esta manera:

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a:

  1. Poner en marcha todas las medidas legales para asegurar el cumplimiento de los periodos de pago entre empresas y de manera especial los que tienen que efectuar las adjudicatarias de contratos públicos.
  2. Estudiar la incorporación del cumplimiento de los plazos de pago establecidos legalmente como una obligación esencial en los contratos del sector público autonómico y en las directrices de contratación socialmente responsable que se encuentran en elaboración, para garantizar la incorporación generalizada de este criterio en los pliegos de contratación.

Nuestro Coordinador y portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, ha defendido esta PNL en un momento en el es fundamental garantizar que fluya el apoyo público a la economía real, a la del día a día y la de cercanía que son las pymes y los autónomos y que son las que tienen dificultades para acceder al crédito y que sufren más la morosidad al ser proveedores de otras compañías más grandes.

Además, en la actualidad, las Cortes Generales están tramitando el Proyecto de Ley de Creación y Crecimiento Empresarial que reconoce esta situación y para lo que propone medidas para la reducción de la morosidad comercial y el apoyo financiero al crecimiento empresarial, entre las que destaca que las empresas morosas no podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora.

Sanz ha agradecido el apoyo a dos puntos de la iniciativa para avanzar en la aplicación y desarrollo de medidas que tienen carácter estructural y que vemos que las Administraciones pueden y deben poner en marcha con urgencia.