Zaragoza, 22 de septiembre de 2022.- El Pleno de las Cortes ha aprobado este jueves por amplia mayoría nuestra Proposición No de Ley para mejorar la calidad de los servicios públicos. Nuestro diputado y Coordinador General, Álvaro Sanz ha defendido la necesidad de que se haga efectiva “la ley de la que nos dotamos” en vistas a mejorar la actuación de los servicios públicos. 

“Nos hemos dotado de herramientas para mejorar la calidad, pero dichas herramientas deben ponerse en marcha, deben coordinarse y deben evaluarse porque será la única manera de avanzar, ¿cómo podemos proponer mejoras si lo que ya debería hacerse no se está haciendo?”, ha dicho Sanz.

Desde Izquierda Unida pensamos que es fundamental garantizar la calidad de los servicios públicos, pero no una calidad basada solo en que se llevan a cabo los procedimientos estipulados, sino una calidad que evalúe si realmente con lo que se hace y cómo se hace, se cumplen los fines, es decir, se garantizan los derechos.

La PNL aprobada plantea que el Plan general de mejora de la calidad se oriente no solo al cumplimiento de plazos, sino también a que se garanticen los derechos y, por tanto, los fines, una lógica imprescindible para poder actualizar y mejorar nuestra organización.

Sanz ha hablado del informe sobre sugerencias y quejas de 2021 que señala que la calidad del servicio prestado es el motivo del mayor porcentaje de las quejas y sugerencias presentadas, alcanzando un 70%, pero en el último estudio que se realizó sobre la calidad de la respuesta ante quejas y sugerencias (2018) recoge que la percepción de calidad de la respuesta es muy baja, un 3,98 en una escala de 0 a 10. 

“Sí se responde en plazo, pero la respuesta no se corresponde con la demanda, nada hacemos, sobre todo porque tampoco se recoge si las quejas o sugerencias se tienen en cuenta en la mejora de los procedimientos”, ha apuntado Sanz. 

Más facilidad y claridad para la ciudadanía

En otra batería de propuestas, hemos apostado por la coordinación entre diferentes servicios y órganos administrativos para reducir el entramado burocrático o la solicitud reiterativa de información. En este sentido el Pleno ha aprobado la coordinación entre la Comisión para la Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios con el rediseño de servicios destinados a la implantación de los procesos de Administración Electrónica, también “hacer efectivos los derechos de la ciudadanía” con la coordinación del Justicia para la inspección de servicios.

“Debemos recuperar el sentido de que la administración está al servicio de la ciudadanía y no el sentimiento actual de que la ciudadanía debe adaptarse a procedimientos administrativos que no entiende y que no se ajustan a su realidad”, ha asegurado Sanz. “Tenemos la inspección de servicios para plantear mejoras y el Justicia que recoge demandas de la ciudadanía en cuanto a sus derechos, ¿se coordinan?, ¿incorpora inspección que lo que se acepta que se cumpla y revisarlo?”, ha añadido.

Sobre las Cartas de servicios, los documentos donde se informa a los ciudadanos de los servicios que presta, las condiciones en que se dispensan, los compromisos y estándares de calidad que asume y los derechos que asisten a aquellos en relación con estos servicios, se ha aprobado asimismo el punto de la propuesta para su implantación, actualización y revisión.

“Faltan multitud de Cartas de servicios, hay Cartas de servicios que no recogen en su evaluación todos los objetivos que les competen, otras la tienen, pero su evaluación anual no se hace por falta de datos y, en general, son indicadores más de proceso que de garantía de derechos”, ha afirmado el diputado de IU.

Por último, el Pleno de las Cortes ha aprobado evaluar el procedimiento de seguimiento de calidad de los servicios públicos externalizados, mediante contratación o concertación, y la tramitación de quejas y sugerencias para posibilitar una vía directa con la administración que debe actuar para garantizarlo. 

“Cada vez tenemos más servicios externalizados, pero la calidad y las quejas de dichos servicios deben tramitarse de forma directa para que llegue al órgano encargado de asegurar su calidad, a la administración que es quien debe velar por dichos servicios públicos”, ha insistido Sanz. “Todo esto debe seguir un método fácil y que sea conocido por todos, porque la gente no tiene por qué saber cómo hacerlo, debemos ayudarla para hacer efectivo ese derecho y para poder mejorar”.

Las instituciones públicas proveedoras de servicios y garantes de derechos deben estar en continua evaluación para evitar que sus actuaciones impidan de alguna manera la consecución de estos fines.