La Comisión de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda de las Cortes de Aragón ha acordado una serie de medidas para potenciar el servicio postal público, garantizando su financiación, su estabilidad económica y de gestión, el empleo de calidad y el mantenimiento de la actividad postal, a iniciativa de nuestro grupo parlamentario.

Una proposición no de ley que registramos para trasladar al parlamento las reivindicaciones de las y los trabajadores de Correos que comenzaron el mes de junio secundando una huelga general de tres días para denunciar la situación que atraviesa el servicio público y su plantilla. En Aragón, alrededor de 1.500 personas trabajan en Correos. La situación actual del operador designado por ley para la prestación del Servicio Postal Universal (SPU) se caracteriza por el recorte de la financiación en los últimos años, el abandono y desmantelamiento del servicio postal como servicio público y un modelo laboral basado en la precariedad.

En concreto, la asignación presupuestaria para el fondo que financia la prestación del servicio público se ha reducido paulatinamente de forma que, hoy con 110 millones de euros solamente es “imposible” garantizar la calidad del Plan de Prestación de este servicio. Además, al mismo tiempo, se ha producido una subida “desproporcionada” de tarifas de los productos postales del SPU que provocan una “pérdida generalizada” de clientes.

Para nuestro Coordinador y portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, Correos juega un papel público y social fundamental en la cohesión social y la vertebración territorial, especialmente en el ámbito rural de la España vaciada donde Correos resulta altamente representativo de la prestación de un servicio en ámbitos deficitarios. Asimismo, Sanz ha denunciado la imposición de “un modelo de precariedad” que se ha extendido a todos los colectivos, tanto personal fijo como eventual. Como dato, en la actualidad el 25% de la plantilla trabaja en precario.

A los altos niveles de precariedad de la plantilla de Correos, ha apuntado el diputado, hay que sumarle los de su filial Correos Express y su modelo de ETT y subcontratas de autónomos para el reparto de paquetería. “Este es la receta competitiva de Correos: abaratamiento de costes laborales, externalización y precarización de sus platillas”, ha aseverado durante su intervención en las Cortes.

En su opinión, “el Estado no puede desentenderse del servicio postal público, ni avalar con su silencio su desmantelamiento y la mala gestión de su dirección actual y creemos que hace falta un debate riguroso sobre el modelo postal público que merece el territorio, sobre todo el más afectado por su vaciamiento poblacional”.

Por ello, hemos presentado esta iniciativa que ha salido aprobada con los votos favorables de CHA, Podemos y PSOE, la abstención de PP y Cs y el rechazo de la extrema derecha. Una ultraderecha que ha impedido la votación por separado de los puntos incluidos en la PNL que los grupos popular y Ciudadanos habían solicitado impidiendo de esta manera llegar al acuerdo. Sanz ha afeado a VOX su “mala praxis democrática”.

La PNL defiende un modelo postal público de calidad, útil, esencial para la cohesión social, territorial y económica del país, con más recursos de los que cuenta actualmente con respeto a las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores postales.

El texto aprobado es el siguiente:

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que inste al Gobierno de España a potenciar el servicio postal público, garantizando su financiación, su estabilidad económica y de gestión, el empleo de calidad y el mantenimiento de la actividad postal, y en concreto:

1. Apostar por un modelo postal público que garantice un servicio de calidad a la ciudadanía, con una red postal que llegue a todos los núcleos de población del territorio; un modelo moderno, sostenible económica y socialmente, innovador, eficaz, eficiente y útil a la sociedad que contribuya a la cohesión social y la vertebración territorial y administrativa del país.

2. Aumentar la financiación del servicio postal hasta alcanzar los 220 millones de euros anuales de financiación pública a través del SIEG (Servicios de Interés Económico General), con carácter complementario a la aprobada para el Fondo de Prestación del Servicio Postal Universal, un instrumento que se usa para garantizar la cobertura necesaria de un servicio público, especialmente para la vertebración del territorio en las zonas rurales en declive demográfico y deficitarias económicamente, que solo pueden recibir un buen servicio postal público con la financiación del Estado.

3. Garantizar la prestación del Servicio Postal Universal (SPU) por parte de Correos como operador designado a partir de 2025, y ampliar en la actualidad dicho servicio con otros productos, como publicaciones periódicas, especialmente en el ámbito rural, y paquetería.

4. No impulsar la reconversión del sector ni ninguna reforma no pactada, reconducir el diálogo social sobre la base de un modelo postal público previamente consensuado con los agentes implicados, y especialmente con las trabajadoras y los trabajadores, con un nuevo Plan Estratégico y una nueva normativa interna que incluya un nuevo convenio para el personal laboral y un nuevo acuerdo funcionarial, reguladora de las condiciones de trabajo y que combine el marco de prestación pública con la vertiente competitiva de Correos, con el fin de garantizar la actividad, la accesibilidad, la asequibilidad y la calidad del servicio postal público, así como el respeto a las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores postales.

5. Impulsar un plan estratégico de inversiones para aumentar la eficiencia operativa, la modernización y digitalización de Correos como entidad del sector público empresarial que tiene un papel fundamental en el buen funcionamiento de la economía, la prestación eficiente de los servicios públicos de interés general y que contribuye al desarrollo económico y social del país, y afianzar su internacionalización.

6. Fomentar un modelo de empleo de calidad en Correos como la mayor empresa pública del país que debe ser un referente del empleo no precario, estable, seguro y de calidad, preferentemente de jornada completa para todos los colectivos, fijos y eventuales, aplicando la reforma laboral para limitar la temporalidad sustituyéndola por la contratación fija e indefinida y reduciendo las jornadas a tiempo parcial.

7. Defender y apoyar la continuidad de la actividad, el mantenimiento de la totalidad del empleo necesario para prestar un servicio postal de calidad, esencial para la cohesión social, territorial y económica del país.