La Comisión de Educación de las Cortes de Aragón ha acordado instar al Gobierno a cumplir plenamente la Ley de Memoria Democrática de Aragón y, para ello, deberá constituir la Comisión Técnica de Memoria Democrática en un plazo máximo de seis meses. Se trata de un órgano reglamentario que cumple un papel fundamental para el desarrollo de la ley que fue aprobada por las Cortes hace ya más de tres años.

Esta mañana hemos conseguido que nuestra moción saliera adelante tras aceptar una moción in voce del grupo socialista que ha votado a favor junto con el resto de grupos que sustentan al Ejecutivo (Podemos, CHA y PAR). Las derechas, por su parte, han votado en contra de la iniciativa a pesar que uno de estos grupos parlamentarios, Cs, votó a favor de la aprobación de esta ley.

Nuestro Coordinador y portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, ha agradecido el apoyo de los partidos que han votado sí a esta moción que incluye cuatro puntos y que ha quedado de esta manera:

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a:

1º.- Desarrollar la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de memoria democrática de Aragón para lo cual, en el plazo máximo de 6 meses, deberá constituir la Comisión Técnica de Memoria Democrática que establece el art° 37 de la citada Ley.

2°.- Adoptar las medidas curriculares necesarias para que, desde el curso 2022-2023, se incluyan en los currículos para 4° de ESO y Bachillerato los contenidos para dar cumplimiento al art® 28 de la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de Memoria Democrática de Aragón.

3°.- Adoptar las medidas necesarias referidas a los contenidos de Historia en 2º curso de Bachillerato, introduciendo estos contenidos en la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo, en el periodo entre las dos Guerras Mundiales.

4°.- Incluir en el Plan Marco de Formación del profesorado las acciones requeridas para contemplar la necesaria actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento de la Memoria Democrática en los centros educativos.

Para Sanz, la iniciativa aprobada hoy supone un impulso fundamental para la puesta en marcha de actuaciones que ya recogía la ley y mejorar su aplicación respecto a contenidos del currículo escolar y la formación del profesorado en la línea de las peticiones de más de 30.000 firmas (investigadores/as, historiadores/as, profesorado universitario y de todos los niveles) y que respaldan asociaciones y organizaciones sociales, asociaciones memorialistas y asociaciones de familiares de víctimas del franquismo que se han entregado en el Congreso al hilo del debate sobre la Ley de Memoria democrática estatal.