La Comisión de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda ha aprobado hoy nuestra Proposición no de Ley, que ha sido enmendada por los grupos que sustentan al Gobierno, para que el Ejecutivo aragonés inste al central a suprimir el Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios (IRPH) como valor de referencia y que lo sustituya por otro que resulte más favorable para los hipotecados. La propuesta reclama, además, que se modifiquen los efectos derivados de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 14/2013 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internalización.
Asimismo, como segundo punto enmendando, las Cortes instan a que ese índice más favorable para los hipotecados pueda ser el Euríbor “o el que las partes determinen, siempre que proporcione mayor garantía de neutralidad y protección frente a los cambios de ciclo”.
Durante su intervención, el portavoz Álvaro Sanz ha criticado a los bancos por aprovecharse de este índice para ganar millones de euros mientras había personas que eran desahuciadas. En concreto, Sanz ha recordado el cobro injusto a los consumidores de 165 euros de media al mes desde 2004, que según una estimación realizada por la asociación de consumidores Asufin supuso que la banca percibiese “de manera injusta” unos veinticinco mil millones de euros y que supuso “un enorme sufrimiento económico para los afectados”.
El IRPH es un baremo en cuyo resultado cada entidad podía influir “aumentando los intereses a aplicar por la misma”. “Así lo reconoció el Banco de España en un escrito remitido al Juzgado de lo Mercantil número 4 de Burgos, dándose por tanto una falta de representatividad de este índice, de cuya aplicación se desprende una clara falta de transparencia y control”, ha explicado Sanz.
“Se ha salvado a la banca a costa del esfuerzo de más de un millón de personas, trabajadoras y trabajadores que han sufragado injustamente sus enormes beneficios, incluso durante la crisis de 2008”, ha denunciado el diputado Sanz, quien ha agradecido el apoyo a esta iniciativa que tiene como objeto principal “dar solución a las personas que han pagado y siguen pagando injustamente una referencia en aplicación de cláusulas que debe ser considerada abusiva”