El Pleno de las Cortes de Aragón ha acordado instar al Gobierno autonómico a tomar medidas concretas para acabar con la clara desigualdad entre la remuneración que perciben, en promedio, las mujeres y los hombres por el trabajo asalariado, la llamada “brecha salarial” de género y que en Aragón es más alta que la media nacional. El responsable de que hoy en Aragón se haya dado un paso más hacia a igualdad real entre mujeres y hombres ha sido nuestro grupo parlamentario, que ha llevado al pleno una proposición no de ley que, tras la aceptación de la enmienda presentada al texto por los grupos que sustentan al Ejecutivo, y la votación por separado de sus cuatro puntos, ha sido aprobada con el rechazo de la ultaderecha.
Nuestro Coordinador y portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, ha explicado que los cuatro puntos de la PNL están enmarcados en la necesidad urgente de desarrollar medidas para revertir la brecha salarial. Los dos primeros puntos de la iniciativa se dirigen a medidas que se pueden tomar directamente dentro de la Administración y los dos últimos están vinculadas a la competencia autonómica en el desarrollo de las relaciones laborales en el ámbito privado.
En su opinión, los factores que subyacen a la brecha salarial y específicamente propias del empleo es la temporalidad, parcialidad y la infravaloración de las categorías feminizadas. “Muchas de las categorías feminizadas no están bien valoradas en cuanto a cargas de trabajo que realizan o relación con la toxicidad de los productos que emplean, resultando perjudiciales en la comparación con otras categorías similares masculinizadas”, ha recordado Sanz desde la tribuna.
Un ejemplo paradigmático son las profesionales de las categorías adscritas al cuidado en los centros educativos como las auxiliares de educación especial o las técnicas de educación infantil. Cabe recordar que las Cortes aprobaron una iniciativa para que se creara su plaza en la RPT de los centros porque, a pesar de ser una figura recurrente, no está incluida y, por tanto, son contratos temporales que acaban en verano. “Los docentes si trabajan 7 meses cobran verano pero estas categorías trabajando todo el curso no”, ha denunciado Sanz para advertir que todavía sigue en elaboración un borrador de la revisión de tareas y cargas de trabajo de las auxiliares de Educación Especial que esperan aprobar este curso, así que este curso se mantendrán las jornadas parciales muchas veces “injustificadas o justificadas solo desde la perspectiva de ahorrar”.
“Son categorías feminizadas y de cuidado y ya vemos que infravaloradas y está en nuestra mano revertirlo y pasar de los compromisos huecos a los hechos tangibles”, ha explicado Sanz en relación con el primer punto de la iniciativa en la que se insta al Gobierno de Aragón a “incluir en la RPT de los centros educativos a las profesionales de las categorías adscritas al cuidado como las auxiliares de educación especial, técnicas de educación infantil, personal de servicios y otras, en aquellos centros que dadas las características de su alumnado estas figuras tengan presencia con continuidad”.
El segundo punto, proponemos priorizar en el desarrollo del Plan de Igualdad de la Administración General de la Comunidad autónoma de Aragón, la realización de la valoración de puesto de trabajo con enfoque de género de las categorías feminizadas dentro de la Administración para corregir los sesgos de género que presenten.
Los otros dos puntos responden a la realidad de que a partir del próximo 7 de marzo todas las empresas a partir de 50 o más trabajadores tienen la obligación de implantar un Plan de Igualdad. Actualmente, solo 4.560 de las 30.000 empresas con obligación de tener un plan de igualdad que hay en España lo han registrado oficialmente. Para Sanz, “es necesario corregir esta situación y por eso se solicita que esta sea una de las actuaciones prioritarias de inspección de trabajo en nuestra Comunidad, además de la detección y superación de situaciones de discriminación salarial que pudieran darse”.
Por último, según el estudio que hizo el grupo de trabajo de Igualdad del Consejo de relaciones laborales de Aragón en 2019, ‘Análisis de los convenios colectivos sectoriales de aplicación en Aragón’ sobre este tema, señalaron que muchas de las medidas eran meramente “declarativas sin efectividad real”. Por lo que, consideramos que no solo necesitamos que se elaboren planes de igualdad sino que estos sean “efectivos” y de “calidad”. Algo que recoge la ley aragonesa de igualdad de oportunidades en su articulo 41 sobre Igualdad en el trabajo, donde se plantea que el Gobierno de Aragón, en el ámbito de sus competencias, promoverá que se revisen los convenios y categorías profesionales para detectar sesgos de género y revertirlos, así como que se implanten planes de igualdad de calidad.
En este sentido, hemos planteado en el cuatro punto de nuestra iniciativa que dicho grupo de trabajo consensúe la herramienta que nos permita valorar objetivamente los planes y convenios sectoriales de aplicación en Aragón para conseguir dicho objetivo.