Desde hace algún tiempo venimos escuchando por parte del Gobierno central, y con idéntico entusiasmo por el Gobierno de la señora Rudi, que la sanidad se encuentra en crisis, que si no se acometen las medidas necesarias (las que ya aplica en Aragón, con gran disciplina, el señor Oliván), la sanidad pública es insostenible. En consecuencia, dicen, se hace imprescindible acometer una serie de reformas que son la “única forma” de garantizar el sistema sanitario público.
La realidad es que nuestra Sanidad está sufriendo una agresión sin precedentes en España y en Aragón. Sin tener que echar mucho la vista atrás, nos encontramos que en los Presupuestos aprobados el mes pasado, Aragón es la segunda Comunidad, por detrás de Murcia, que menos invierte en Sanidad. La centralización/privatización de los laboratorios clínicos, la eliminación de turnos de tarde en los centros de salud, los recortes en la plantilla del Salud, las listas de espera duplicadas, la falta de recursos en el medio rural…, son algunas de las actuaciones que están marcando la hoja de ruta del gobierno del PP y el PAR. Una hoja de ruta que no tiene otro objetivo que la privatización de la sanidad en Aragón, tal y como ya está sucediendo en otras Comunidades.
Se nos quiere hacer creer que lo público es ineficiente, poco competitivo, derrochador y que lo racional y eficiente es la gestión que hace la empresa privada. Pero la realidad es que tenemos una de las sanidades más eficientes del mundo, a pesar de que somos uno de los países que menos porcentaje de renta destina a su sistema público de salud: el 6,25% del PIB, y hasta la fecha se da (daba) una cobertura universal con unos niveles de calidad muy superiores a la mayoría de países de nuestro entorno.
Entonces ¿qué es lo que está ocurriendo exactamente? En el momento de crisis actual, la sanidad se ha convertido en el nuevo becerro de oro; una vez agotada la burbuja inmobiliaria, se necesitan nuevos horizontes y las oportunidades de negocio relacionadas con la gestión privada de los servicios sanitarios públicos se han convertido en el nuevo objeto de deseo. Grupos como Capio y Ribera Salud se reparten los procesos de privatización del sistema público sanitario: el grupo Capio, por ejemplo, facturó en 2011 algo más de 673 millones de euros; Ribera Salud, 385 millones. En Aragón, el próximo Hospital de Alcañiz se realizará a través de la colaboración público-privada y la centralización de los laboratorios clínicos también contará con la colaboración privada.
La sanidad no está en crisis. El volumen de dinero que mueven las grandes empresas que se dedican a la gestión privada de la misma demuestran lo contrario. Lo que se está haciendo en España, y ahora claramente ya en Aragón, es abrir las puertas a hacer negocio con la salud, a especular con un derecho tan fundamental como es el de la protección a la salud, convirtiéndonos en clientes en vez de en ciudadanos con derechos.
Por eso, hoy más alto y claro que nunca decimos, como ya lo están haciendo miles de ciudadanos, que la “Salud no se vende. Se defiende”.
Artículo de opinión publicado en El Periódico de Aragón