Artículo de Eduardo Navarro publicado el 23 de mayo de 2022 en Heraldo de Aragón

Hoy estamos inmersos en conflictos armados y comerciales, permanentes y duraderos. La guerra de Ucrania; el conflicto comercial entre EEUU y China; el irresuelto conflicto entre Marruecos y el Sahara; el incumplimiento del acuerdo comercial de Marruecos con la UE; el veto ruso que va ya para ocho años; el TTIP (siglas en inglés de Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones) y Mercosur esperando a ponerlo en marcha; y la Organización Mundial de Comercio (OMC) sin dirección ni control de los acuerdos comerciales firmados a nivel mundial, y sin que exista un jurado o un tribunal que pueda dirimir sobre un conflicto comercial porque Donald Trump lo bloqueó en su día y Joe Biden todavía no ha dicho ni esta boca es mía al respecto…Y si a este panorama sumamos la Covid 19 y sus consecuencias, por ejemplo en el transporte de mercancías agroalimentarias, está claro que nos enfrentamos a más incertidumbres que certezas a la hora de analizar la situación.

Los conflictos que actualmente estamos viviendo y el afán de los especuladores por hacer caja han traído consigo un incremento en torno al 40% del precio de las materias primas que agricultores y ganaderos necesitamos para trabajar la tierra o alimentar y cuidar el ganado. Por otra parte, cuando uno va al supermercado observa que el precio de venta al público de los productos de alimentación también han subido ostensiblemente, y sin embargo, las grandes cadenas de distribución no están pagando a los productores más de lo que les pagaban antes. Así es que uno se pregunta, en primer lugar, cuál es la causa de esas subidas en los lineales de los supermercados. Y en segundo lugar, quién se está quedando el beneficio si los productores se siguen viendo obligados a vender al mismo precio que lo hacían y no han podido repercutir la mayor parte del incremento de sus costes de producción en la venta del producto. Debemos denunciar, pues, el negocio especulativo que la gran distribución está haciendo a costa de los agricultores y ganaderos y del conjunto de los consumidores.

La reciente aprobación de la Ley de la Cadena Alimentaria puede traer consigo avances importantes en este sentido y puede ser una herramienta de primer nivel para combatir la especulación, pero el estado tiene que realizar una apuesta decidida y contundente para conseguir una aplicación inmediata y sólida de las nuevas disposiciones legales. Es imperativo que en el campo los precios cubran los costes de producción, algo que ahora mismo no se está produciendo de forma generalizada y que la Ley de la Cadena Alimentaria, al menos en sus enunciados, trata de corregir.

Estamos a las puertas de la entrada en vigor de la nueva PAC para el periodo 2023-2027 y, a pesar de toda la retórica verde que la adorna y de algunas medidas para mejorar la sostenibilidad, sigue adoleciendo de una falta absoluta de herramientas de regulación de mercados, con unas cadenas alimentarias cada vez más globalizadas, que conducirán a la UE a una mayor industrialización de su agricultura, entre ellas la de España. En definitiva, se va a destruir el modelo más sostenible: la agricultura profesional familiar.

Actualmente la renta media de agricultores y ganaderos europeos es un 50% inferior a la renta media del resto de ciudadanos. Y el 2% de los beneficiarios de la PAC reciben el 30% del presupuesto total de los pagos directos. Esto no cambiará con la nueva PAC.

Lamentablemente no se ha contemplado la posibilidad de destinar más dinero al desarrollo rural y a un enfoque colectivo de proyectos en los que se promueva la agroecología y con una forma verdaderamente sostenible de orientar nuestras explotaciones en el presente y, sobre todo, en el futuro.

La reforma es otra oportunidad perdida para dar, a los pequeños y medianos productores sostenibles, el apoyo económico y social que necesitan; un apoyo que se traduce en precios justos, en ponerle un tope a las ayudas que se dan a los grandes beneficiarios, y en resumen, en una importante redistribución de las ayudas. Por tanto, esta PAC aleja a Europa del Pacto Verde y provoca la desaparición de miles de explotaciones.

Es lamentable que en lugar de favorecer una transición que afronte como un problema la pérdida de pequeños y medianos agricultores, de cuyo abandono son responsables los bajos precios a los que tienen que vender sus productos y las continuas subidas de los insumos, esta PAC, como las anteriores, profundiza aún más en la amortización de un modelo social que todavía hoy es el mayoritario en muchas partes de Europa, pese a los esfuerzos que parecen poner los ideólogos de las sucesivas reformas de la PAC en acabar con él.

Frente a este modelo del agronegocio que es en el que profundiza la nueva PAC, los agricultores y ganaderos de la pequeña y mediana explotación ofrecemos poner en valor sistemas alimentarios que proporcionan alimentos saludables y asequibles a los consumidores, que crean un empleo digno y seguro, y que conviven con el medioambiente sin agotarlo o contaminarlo por sistema.

La PAC que entrará en vigor el 1 de enero de 2023 fue votada a favor en el Parlamento Europeo por PP, PSOE, Ciudadanos y Vox y con ella se consolida el trasvase de ayudas que salen del ámbito de los verdaderos profesionales hacia aquellos activos absentistas que vienen de otras actividades ajenas al sector agrario y contemplan la alimentación no como un derecho de la ciudadanía y un deber de los estados, sino como un mercado especulativo al que hay que sacarle el mayor partido aunque lo que se coma no sea de la mejor calidad o aunque haya quien se quede sin comer.

Las explotaciones que hoy se abandonan son aquellas a las que ya no les salen las cuentas y, por muy competitivas que sean o lleven intentando serlo en los últimos 40 años, no pueden producir al precio que exigen los mercados mundiales. Porque esa competencia que se exige es ya a costa de asumir la destrucción del tejido productivo de nuestros campos.

Nuestros productos agrarios seguirán comercializándose en España en el corto y el medio plazo. La cuestión no es ya el “Cuánto” sino el “Cómo y el “Quién” lo producirá y como impactará este cambio ecológico y social, esta expulsión masiva de activos, en el territorio y en nuestros pueblos. Si queremos un debate honesto en este país sobre el modelo de alimentación es imprescindible hablar también de precios agrarios y de Soberanía Alimentaria.