Artículo de nuestra compañera de IU Tauste, Esther Latorre, publicado el 15 de julio en El Periódico de Aragón
Nos encontramos en plenas negociaciones para la puesta en marcha de la nueva Política Agraria Común (PAC) que estará en vigor durante el periodo 2023 / 2027. Si bien, los órganos de gobierno europeos como el Parlamento europeo, la Comisión Europea y el Consejo de Ministros europeo (formado por los ministros de agricultura, en este caso), han dado salida al documento base, todavía queda elaborar el llamado “plan estratégico” que los Estados miembros elaboran, como una hoja de ruta y siendo ésta un conjunto de normas específicas de cada país, y también complementarias, para la aplicación de las normas generales.
La PAC, como todos sabemos, es un conjunto de pagos compensatorios a las rentas de las agricultoras y agricultores, ganaderas y ganaderos, para compensar las eternas bajadas de precios, en muchos casos por debajo de los costes de producción.
De esta última PAC se esperaba que fuese una apuesta real y comprometida por y para el modelo social mayoritario, que impulsara normativas que regulen verdaderamente los precios agrarios también políticas a favor de la producción, la ecología, la agroecología, etc.
Lamentablemente no ha sido así, al menos en el documento europeo, sino al contrario. Vemos cómo para estos conceptos no solo no se impulsa sino que se reduce claramente el presupuesto. Consideramos que ningún sector tendría que ser excluido de la PAC y esto solo será posible si se destinan las ayudas a las agricultoras y agricultores y ganaderas y ganaderos que viven de su actividad en el campo.
Un estudio realizado por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos revela que en la actualidad dos de cada tres agricultores o ganaderos son “agricultores de sofá”, es decir, que están dados de alta en el sector agrario pero no en la Seguridad Social. Por estas razones y otras, el Plan estratégico tendría que contener acuerdos para defender nuestro modelo productivo, garantizar la “soberanía alimentaria” del territorio, el modelo de proximidad y el fortalecimiento de las zonas rurales y sus habitantes.
La resiliencia que ha demostrado el sector agroalimentario durante la pandemia lo ha hecho todavía más atractivo para los fondos de inversión o fondos de capital privado de compañías multinacionales. Estas compañías son otro escollo para una PAC más justa, profesional y social porque acaparan gran parte de las ayudas per sus beneficios no revierten en el territorio, a diferencia de los pequeños y medios productores agrarios que son la única garantía para abastecer a la población de alimentos de calidad y al margen de las fluctuaciones del mercado.
Esta PAC, como ya hemos dicho, no es justa ni social y acelerará el proceso de uberización del campo español y europeo. Entendemos también como un reto a alcanzar, el apoyo decidido para favorecer el relevo generacional que tanto necesitan nuestros pueblos para que se mantengan vivos y, qué duda cabe, para vertebrar nuestro territorio. En un contexto de gran envejecimiento del medio rural y, por supuesto, también de nuestro sector, es fundamental impulsar estrategias y ayudas para que la gente joven, mujeres y hombres, puedan vivir en condiciones dignas del trabajo en el campo, con rentas y servicios acordes con nuestro tiempo.
Asimismo, debemos señalar la discriminación que este modelo de PAC produce hacia las mujeres. En opinión de organizaciones agrarias de nivel estatal como C.O.A.G., “esta PAC defiende un modelo que beneficia a las grandes empresas multinacionales, centrada en el mercado casi en exclusiva y basada en una economía patriarcal, que no tiene en cuenta la realidad del trabajo de las mujeres que es, en muchos casos, asalariado y de cuidados y de ecología y naturaleza en nuestros pueblos”. Las mujeres, en general, tienen más difícil el acceso a las ayudas de la PAC por ser titulares muchas veces de explotaciones más pequeñas y por dedicarse a producciones que están fuera de las ayudas. Por estas razones hay una histórica demanda para que los llamados planes estratégicos se elaboren con perspectiva de género.
En definitiva, creemos que el texto aprobado no responde a las verdaderas necesidades del modelo social y profesional agrario mayoritario en Europa, porque abandona, todavía más, los mecanismos de regulación de mercado en detrimento de las pequeñas y medianas explotaciones. El cierre de explotaciones familiares es un hecho. Un 7% de macroempresas agrarias acapara ya la mitad del valor productivo, según los datos del propio ministerio de Agricultura, y esta nueva PAC acelerará este inquietante proceso.