Artículo de Blanca Enfedaque Losantos publicado el 19 de febrero de 2021 en Jacobin Magazine América Latina.

Suben al escenario dos hombres grises. Son funcionarios del Ministerio de Alta Cultura y cumplen órdenes. Como quien concede la última cena a un condenado a muerte, proceden a realizar una lectura final de los textos que han sido sentenciados a desaparecer por ser considerados de calidad ínfima o directamente aberraciones indignas de España. Una España que parece de un universo paralelo, porque la oficina está presidida por una foto de la Generalísima Gloria Fuertes.

Bajo nombres en clave que van enunciando los dos protagonistas, Trituro y Escarnio, adivinamos una prosa macabra que podría ser de Pérez Reverte, otra prosa soez que nos trae ecos de Camilo José Cela. Prosa patéticamente onanista de Sánchez Dragó o esa forzadamente provocativa y victimista de Salman Rushdie, entre otros. Incluso los versos pringosos y deshilvanados de un hit de Carlos Baute acaban triturados por la máquina que van alimentando los funcionarios.

Una pequeña satisfacción hace brotar risas del público. ¡Sí! Que esos textos reaccionarios o pretenciosos, miserables o alienantes acaben hechos confeti. ¡Oh! Qué alivio, el mundo probablemente es un lugar mejor sin ellos.

Esta humilde pero genial obra de la Compañía Dudosa Compañía se representa en Zaragoza,  precisamente el mismo día en que se hace efectiva la orden de encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. Un joven que ya en 2014 fue condenado por la Audiencia Nacional a dos años de prisión por enaltecimiento de terrorismo en las letras de sus canciones, en las que lamentaba la calidad de la democracia actual y reivindicaba la vuelta de bandas como el FRAP, los GRAPO o Terra Lliure. ¿Mal gusto? Sin duda. ¿Delictivo? En una democracia madura, no debería serlo.

En 2018, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional lo consideró culpable de los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona por sus comentarios e insultos en las redes sociales. Fue finalmente condenado a una pena de dos años y un día de prisión, más una multa de 24300 euros.

Este golpe a la libertad de expresión es el que más eco y respuesta está teniendo en la actualidad, pero no es una excepción descontextualizada. Los casos de corrupción de la Familia Real, el catolicismo o la seguridad nacional son algunos de los temas que han centrado la mayor parte de las condenas y de las censuras de libertad de expresión en los últimos años. 

Casualmente, la mayoría de juicios y condenas han tenido un sesgo ideológico claro que ha castigado a personajes de la izquierda, como César Strawberry, del grupo Def con Dos, mientras que ha dejado que amenazas explícitas de periodistas conservadores o de políticos de derecha lancen soflamas violentas amparados por el derecho de libertad de expresión.

Sin ir más lejos, existen casos como el de Valtonyc, otro rapero español que vive exiliado tras haber sido condenado a  dos años de cárcel por enaltecimiento al terrorismo e injurias contra la Corona. Otro frío mes de febrero, en 2016, España se quedó en shock por el encarcelamiento de dos titiriteros por haber bromeado con el terrorismo. La tuitera Cassandra Vera fue procesada por haber hecho humor negro con la muerte del almirante Luis_Carrero_Blanco (el sucesor de Franco), un acontecimiento histórico de hace casi medio siglo. Tras un largo peregrinaje jurídico, fue absuelta. Del mismo modo que el actor Willy Toledo, que también pasó por los tribunales por insultos a «Dios y a la Virgen».

No fue así con el caso de una de las activistas feministas de la Gran Procesión del Santo Chumino Rebelde, que protestaron en contra las injerencias de la Iglesia Católica en el debate sobre el aborto, recibiendo una sentencia de multa por la ofensa a sentimientos religiosos.

Esta es solo una muestra de los casos más mediáticos, cada uno con sus matices, protagonistas y contextos diversos, pero ha habido muchos más.

Amnistía Internacional denuncia que «en España la libertad de expresión ha sufrido un grave retroceso desde 2015, cuando el Partido Popular impuso su mayoría absoluta para aprobar en solitario la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOSC, conocida como ‘Ley Mordaza’) y la reforma del Código Penal, que entraron en vigor el 1 de julio de ese año».

Para tratar de paliar sus efectos más perversos, el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, aprovechando su influencia como socios de Gobierno junto con el PSOE, ha registrado recientemente el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley Orgánica de reforma del Código Penal para la protección de la libertad de expresión.

Una medida que no llegará a tiempo para impedir el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, pero que quizá evitará que en el futuro haya más mordazas por motivos políticos o religiosos en este país. 

Antes comentaba que la obra de teatro era muy oportuna y sagaz, jugando con el público a medir nuestras ganas de censura de aquello que nos desagrada. Es misión del arte situarnos ante un espejo y mostrarnos nuestros defectos, explorar el alma humana. La obra concluye cuando alguien del público se ve forzado a rasgar con sus propias manos uno de los textos, haciéndonos cómplices a todos de la censura pactada y juguetona que se vivía en esa sala. 

Al salir del teatro, algunas espectadoras comentábamos que probablemente alguna canción de Pablo Hasél podría acabar también en esa trituradora, por su mala calidad. Una trituradora que también pertenece al plano de la libertad de expresión, puesto que es un elemento de ficción. Una ficción sobre la censura que no sería posible sin la existencia de la libertad de expresión. Un juego de espejos que pertenece al plano de la ética personal pero en el que nunca, jamás, deberían entrar los tribunales ni las prisiones.