De “caótica” ha calificado nuestro portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, la situación que atraviesa el transporte sanitario urgente y el cómo se ha llegado a la misma. Para Sanz, el Gobierno de Aragón ha actuado de forma “irresponsable” entorno a este servicio público fundamental porque no ha abordado los problemas estructurales ni su gestión directa por parte del sistema público de salud aragonés, tal y como se había acordado con IU.
Hoy hemos convocado en las Cortes una rueda de prensa para tratar la situación del transporte sanitario urgente. Nuestra responsable de Derechos Sociales y Feminismos, Marga Deyá, ha explicado lo que ha sucedido para llegar a esta “grave” realidad de un servicio sobre el que en 2019 ya se aprobó una iniciativa parlamentaria para hacer el estudio de su internalización. Una propuesta con la que pretendíamos evitar lo que hoy está pasando.
Deyá ha comenzado su intervención remarcando porqué se considera este servicio como “esencial”. “Lo es porque solo hay que ver que, cuando ha habido huelga, se han declarado unos servicios mínimos de 100%”, ha señalado para apuntar que este servicio muestra las “limitaciones de las externalizaciones” y ha sido el trabajo del comité de empresa el que ha hecho visible las “carencias” de calidad que este modelo de gestión genera. En Aragón hemos partido de un modelo heredado del PP, con ambulancias convencionales y el sistema de localización que es el que ahora ha generado parte del problema del hoy.
El trabajo y la huelga del sector puso de relevancia estas cuestiones. En cuanto al nuevo pliego, Deyá ha recordado que ahora está suspendido por las alegaciones presentadas y ha advertido que el actual pliego acaba este verano, por lo tanto, no hay licitación del siguiente, ni posibilidad de prórroga porque Acciona ya anunció que no la habría y nos encontramos con un contrato en precario y sin capacidad de actuación por parte de la Administración.
Cabe destacar que el Tribunal Superior de Justicia ha reconocido las horas de localización como horas efectivas de trabajo, “por lo que ya no vale tener a la gente pendiente porque debía activarse en 15 minutos sin reconocerles que estaban trabajando”, ha señalado para explicar que esto en el actual pliego no se ha resuelto porque el pliego recoge la localización aunque luego no la especifica en los recursos concretos”. “De hecho- ha continuado- aunque se incrementan horas de presencia, el problema es cuando no se asegura la presencia 24 horas, por lo que hay incumplimiento de isócronas”.
En su opinión, todo esto que requiere de una integración de recursos y servicios que también respondan a la realidad de la Atención Primaria y a las necesidades de la ciudadanía no lo puede solucionar un pliego de externalización. Por ello, nuestra apuesta es la internalización de todos estos servicios públicos esenciales a través de una gestión directa.
Además, el pasado martes la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón anuló el nuevo convenio colectivo del sector del transporte sanitario de la Comunidad que supuso el fin de la huelga. Por un lado, la sentencia plantea que Acciona, la empresa que gestiona la totalidad del servicio de transporte sanitario urgente, no puede representar al sector y, por otro lado, al disolverse la Asociación de Empresarios de Ambulancias de Aragón (AEAA, no hay asociación empresarial con la que firmar convenio. “De hecho fue el propio Gobierno de Aragón el que impugno el convenio ya que le afectaba directamente al tener que contemplarlo en la elaboración del nuevo pliego”, ha apuntado Deyá para quien esta situación vuelve a poner sobre la mesa la realidad de que las empresas del sector trabajan de forma mayoritaria para la administración pública y están sujetos a unos pliegos de condiciones que suponen el marco de actuación de éstas, por lo que reconocimiento de mejoras salariales o de otro tipo deben tener cabida en dichos pliegos de condiciones pero la Administración hace “dejación de funciones y niega su responsabilidad o capacidad” de actuación en esta cuestión.
La consecuencia es que, en la actualidad, los trabajadores y trabajadoras no tienen interlocutor, no hay asociación empresarial y las empresas que gestionan los servicios no son reconocidas como interlocutoras o no quieren ejercer puesto que se dicen sujetas a un pliego de condiciones concreto. “Los paganos vuelven a ser los paganos de esta situación”, ha denunciado.
El Gobierno de Aragón, en general, y el Departamento de Sanidad, en particular, dicen no tener capacidad para incidir en las condiciones laborales pero, por otro lado, las limitan y, claramente, las impugnan cuando las consideran excesivas.
En este sentido, Álvaro Sanz, ha instado al Ejecutivo a que reconozca que el transporte sanitario urgente es un servicio esencial que fundamentalmente lo realiza la Administración y que es la que realmente tiene potestad para negociar las condiciones laborales, “sin escudarse en empresas intermedias que se someten a sus condiciones”.
“El Ejecutivo se niega a reconocer su papel y a hacerlo efectivo, pero desde IU seguiremos reclamando que lo haga y aborde, de verdad, la internalización del servicio como el mecanismo real para poner las bases que permitan la solución de los problemas actuales”, ha concluido para recordar que el estudio de la internalización de servicios públicos fundamentales forma parte de los acuerdos que el PSOE firmó con nuestra formación política y social para la investidura del presidente Lambán.