Artículo de Daniel Palomo (GANAR-IU Alcorisa) publicado el 17 de octubre de 2021 en La Comarca
Tras meses de negociación, el Gobierno de coalición llegó a un acuerdo sobre una nueva ley de vivienda a nivel estatal. Todavía no conocemos el texto definitivo, pero sí algunas de las medidas que conformarán esta nueva ley.
El PP la ha tachado de intervencionista y ya ha anunciado que la llevará al Tribunal Constitucional y que no la aplicará en las comunidades autónomas en las que gobierna. El caso es que esta futura ley puede que esté más cerca de poderla calificar de una regulación tibia que a la de una intervención pura y dura, y que a la larga ataje el problema de vivienda que tiene la clase obrera, pero es un primer paso.
Algunas medidas anunciadas van dirigidas a los grandes tenedores, aquellos que poseen más de 10 inmuebles. En la provincia de Teruel afectaría a solo 981 personas, el 0,6% de la población. Por ley tendrán que bajar el precio de las viviendas que tienen en alquiler. También se contemplan ventajas fiscales en el IRPF dirigidas a pequeños y medianos propietarios, si se bajan alquileres, techo de precios en áreas tensionadas, bono de ayuda de alquiler a jóvenes menores de 35 años en función de la renta, y dedicar un 30% de las nuevas promociones a vivienda protegida y alquiler social.
La tipología de los problemas que sufrimos en nuestros pueblos en materia de vivienda es distinta a la que se observa en las grandes ciudades. Aquí no tenemos áreas tensionadas con precios desorbitados, en los que hay que dedicar gran parte de la nómina para él pago del alquiler. A la hora de buscar una vivienda en nuestros pueblos, nos encontramos con el problema de la escasez de oferta, hecho que lastra a las familias y jóvenes que se quieren quedar a vivir en el territorio.
En las últimas décadas el abandono de las políticas públicas en materia de vivienda ha contribuido a esta situación. España tiene un parque de vivienda pública de 290.000 destinadas al alquiler, lo que supone un 1,6% de los hogares, mientas que la media europea la media está en el 9,3%.
A través de la regulación del mercado, la inversión en rehabilitación y en la promoción pública de vivienda, debemos asegurar que la vivienda sea un bien social y no un negocio, y así garantizar el acceso a una vivienda digna en nuestros pueblos.